Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protestaron este lunes afuera de la Cámara de Diputados para exigir ser escuchados antes del dictamen de la minuta del Senado que limita pensiones y jubilaciones públicas.
“Rechazamos la modificación al artículo 127 constitucional, porque por primera vez sienta el precedente de retroactividad a una ley, desconociendo los contratos que el Estado celebró con sus trabajadores”, cuestionó Judith Espinosa, una de las inconformes.
La ex trabajadora, recién jubilada, advirtió que esto vulnera la certeza jurídica y los derechos humanos, al desconocer contratos colectivos y convenios de jubilación equiparables a sentencias.
Señaló que el tema es especialmente delicado en el contexto del T-MEC y ante la atención internacional por la Copa del Mundo, por lo que México debería garantizar certeza jurídica.
“Están desconociendo acuerdos que el Estado celebró con nosotros, pasando por alto el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Espinosa informó que este martes acudirán a Palacio Nacional para buscar ser escuchados durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que a las 17:00 horas regresarán a San Lázaro para intentar exponer su postura ante la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy.
Por su parte, Enrique Meingüer Velásquez, también jubilado de la CFE, señaló que sostuvieron un encuentro con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, a quien solicitaron intervenir para que puedan presentar sus argumentos ante la comisión dictaminadora.

Pensiones no son “privilegios
arbitrarios”, reclaman jubilados
de Bancomext

Ex trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aseguraron que las jubilaciones que perciben no son un privilegio, sino un derecho laboral adquirido durante décadas de trabajo, el cual no debería ser vulnerado por el Congreso.
En una carta entregada a la Cámara de Diputados, los jubilados aseguraron que los montos que en cada caso fueron otorgados a los trabajadores retirados se asignaron conforme a las leyes, normas y condiciones generales de trabajo vigentes.
“Las pensiones de Bancomext no derivan de privilegios arbitrarios ni de arreglos discrecionales. Su origen se encuentra en un marco laboral y presupuestario formalmente reconocido por el propio Estado mexicano”, señalaron.
Las Condiciones Generales de Trabajo que establecieron dicho esquema, argumentaron, fueron conocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y el sistema pensionario fue objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación sin que se formularan observaciones respecto de su legalidad.
“Cualquier modificación que afecte pensiones previamente reconocidas podría incidir sobre situaciones jurídicas consolidadas y sobre expectativas legítimas construidas durante décadas de vida laboral, comprometiendo los principios de certeza y confianza legítima de quienes construyeron su proyecto de vida sobre la base de normas válidas y vigentes al momento de su jubilación”, afirmaron.
El pasado 11 de marzo, el Senado aprobó una reforma constitucional que establece como tope máximo a las pensiones de la burocracia la mitad del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, originalmente enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá ser ahora analizada y, eventualmente, avalada por la Cámara de Diputados, antes de ser enviada a los congresos de los estados.
Sheinbaum anunció el 4 de marzo que, a partir de que entre en vigor la reforma, todas las pensiones que superan el límite establecido serán reducidas. La Mandataria dijo que el tope será de 70 mil pesos.
Los jubilados de Bancomext señalaron que los recursos con los cuales se cubren sus pensiones no son recursos públicos, sino que pertenecen a reservas constituidas por el propio banco para hacer frente a esas obligaciones contractuales.
“Debe recordarse, además, que Bancomext es una entidad de control presupuestario indirecto que opera con recursos propios derivados del ejercicio de su mandato institucional, sin requerir subsidios ni transferencias presupuestarias para el desarrollo de su operación”, dijeron.
Sobre el monto máximo establecido, consideraron, resulta arbitrario debido a que no se basa en ningún estudio actuarial ni de viabilidad financiera, además de que en el texto que se propone reformar es impreciso, pues se señala la mitad de lo que gana el Ejecutivo sin especificar si se trata de los ingresos brutos o netos, o si es anual o el pago mensual.
“La sola existencia de estas dudas revela un problema de técnica constitucional. Un precepto de rango constitucional que pretende incidir en derechos pensionarios ya reconocidos no puede descansar en una fórmula susceptible de interpretaciones divergentes o de aplicaciones administrativas discrecionales”, indicaron.

Descarta Martí Batres que exista “pifia” en acuerdo publicado en el DOF para revocar y modificar pensiones del ISSSTE

El director general del ISSSTE, Martí Batres, negó que haya existido una pifia al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para revocar o reducir pensiones que exceden el límite legal.
Derivado de estos hechos, al menos cinco jueces federales han concedido amparos a burócratas afectados por la medida, y motivaron que su hermana, la ministra Lenia Batres, busque que la Suprema Corte (SCJN) revise el tema.
“No existe ninguna pifia en el “Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se emite el procedimiento para la verificación y, en su caso, modificación o revocación de las pensiones que rebasen el límite permitido por la Ley del ISSSTE”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2024, donde puede consultarse íntegramente en los ligas correspondientes.
Consideró que la interpretación de algunos jueces de quitarle validez a la publicación electrónica del Acuerdo en cuestión, esconde la intención de mantener intactos los privilegios derivados de actos de actos. “Esos sí son ilegales y se traducen en pensiones exorbitantes que merman la capacidad de respuesta del ISSSTE en favor de su derechohabiencia”, enfatizó.