Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila, a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes por calificación le dieron un cero.

Bajo conocimiento del gobierno estatal y federal, el penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel de Los Zetas, de acuerdo con el informe El yugo zeta, elaborado por El Colegio de México.

“El control de los Zetas en Coahuila era total; el gobierno estatal era omiso y algunos funcionarios eran cómplices”, dijo el analista Jacobo Dayán, coautor del estudio junto con el investigador Sergio Aguayo.

Según el estudio, el autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las prisiones de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a Los Zetas, y les servía para reclutar sicarios, para esconderse de la policía, para castigar a sus rivales, inclusive el jefe de cártel elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo y el área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos.

“Los tenían hincados y amarrados de sus manos hacia atrás, en ocasiones gritaban personas, yo creo que los mataban ahí. Los ejecutaban de dos maneras: les daban un martillazo en la cabeza o un tiro en la nuca”, indica un testimonio.

El yugo zeta, que fue presentado este martes en el Colmex, fue armado con documentos oficiales, testimonios e investigaciones periodísticas e incluye la “venganza Zeta” de marzo de 2011.

Luego de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de piedras negras asesinaron hasta 60 personas en Piedras Negras y Allende, pero el informe se centra en el búnker.

Si bien en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que esta situación era del conocimiento del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira.

“Tenemos documentación que nos permite asegurar que Humberto Moreira y el gobierno interino de Jorge Torres sabían de lo que estaba sucediendo en el penal y durante la venganza”, dijo.

También existe un memorándum de Moreira sobre la operación del penal, el cual estaba a cargo del gobierno federal. “Pusimos el testimonio de Humberto para que quien le crea, le crea y quien no, pues no”, sostuvo Aguayo, quien enfrenta una demanda por daño moral a Moreira por una columna publicada en Reforma.