Víctor Osorio / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de Medio Ambiente presentó un nuevo paquete de medidas para remediar el daño causado por el derrame de sulfato de cobre acidulado registrado en la mina Buenavista del Cobre hace casi 11 años, que impactó severamente al río Sonora y a diversas comunidades.
El plan fue presentado el pasado martes a representantes del Comité de Cuenca del Río Sonora por las titulares de la Semarnat, Alicia Bárcena, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, y por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Entre las principales acciones previstas se encuentran la construcción de plantas potabilizadoras en las zonas afectadas por el derrame; la ampliación del hospital comunitario de Ures para hacerlo de segundo nivel y dotarlo con una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental y un laboratorio toxicológico; tratamientos para las casi 24 mil personas que resultaron afectadas por la contaminación de metales, y remediación y restauración de suelos, ríos y humedales.
Bárcena indicó que no se tomará ningún tipo de decisión sin antes escuchar la opinión de las comunidades afectadas.
En tanto, los representantes de las comunidades afectadas expresaron su preocupación por la falta de atención a su salud y por los once años que han transcurrido sin soluciones justas y que reparen efectivamente los daños causados por el derrame.

Profepa frena proyecto minero en ejido de SLP vinculado a Grupo Salinas

La Procuraduría Agraria (PA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frenaron esta semana un proyecto minero en ejido de Corcovada, en San Luis Potosí, impulsado por una empresa vinculada con el Grupo Salinas.
En su cuenta de X, la PA reportó el pasado martes que frenó la venta irregular de 426 hectáreas de uso común en el ejido, que, indicó, se pretendían entregar a una empresa privada.
“Nuestra presencia jurídica y técnica, en acompañamiento con la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), impidió cualquier votación ilegal y garantizó el respeto a los derechos de las y los ejidatarios. Ahora acompañamos la construcción de una alternativa colectiva de uso productivo y ambiental, que proteja el territorio y fortalezca el bienestar comunitario”, señaló.