Agencia Reforma

Ciudad de México

La licitación que lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para concesionar 2 mil 400 espacios del espectro radioeléctrico 5G no cumple con la cobertura social que pretende el Estado, ni se hizo con la diligencia apropiada para generar certeza jurídica, aseguró ayer Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentará en las próximas semanas un recurso legal para dar marcha atrás al proceso licitatorio.
“Creemos que el proceso de licitación -de ocurrir- lo haga con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones; (porque) no es apegado a lo que llaman en inglés due diligence o ‘diligencia apropiada’ que, si hay una institución que se está reconfigurando, que entre sus atribuciones está la de otorgar concesiones de espectro, esto ocurra mientras justamente está modificándose. Esto da certeza jurídica tanto al Estado mexicano como a quienes adquieran concesiones de espectro”, indicó.
Sheinbaum insistió en que los comisionados del IFT intentaron dar un albazo al lanzar la licitación cuando el instituto está en proceso de extinción por mandato constitucional.
“Entonces, no va a proceder, vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto”, sostuvo.
-¿Se van a interponer denuncias?, se le preguntó.
“No, no es necesario. Sencillamente, a la hora de extinguir el organismo, ya no tiene atribuciones para licitar; y el nuevo organismo va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer”, indicó.
“Nosotros creemos que en los siguientes días los comisionados del Pleno (del IFT) frenen esta licitación”, dijo Merino tras argumentar que dicho proceso carece de cobertura social y de un marco jurídico luego de avalarse la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Analistas señalan que frenar licitación de telecom dañaría inversiones

Cancelar de manera abrupta una licitación en telecomunicaciones, como lo es la Licitación IFT-12 puede generar impactos negativos en el mercado en México, tanto para empresas como para consumidores finales, alertaron analistas.
Jesús José Rodríguez, analista fiscal y ex Presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, explicó que lo anterior genera impactos negativos en la percepción de estabilidad y confianza en el sector de telecomunicaciones.
Además, desde el Poder Ejecutivo se mandan señales negativas afectando tanto a los concesionarios actuales como a posibles inversionistas que deseen ingresar al mercado de las telecomunicaciones en el país.
“Los concesionarios podrían ver esto como un indicativo de que las decisiones políticas pueden prevalecer sobre los acuerdos contractuales, lo que podría aumentar la percepción de riesgo en el entorno empresarial”, aseveró.
Por su parte, Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, sostuvo que los comentarios de la Presidenta son graves, pues se carecen de pruebas, además de que es del estilo del actual Gobierno Federal.