El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, insistió este miércoles en el tema del actor Alejandro Axel Arenas Reyes, liberado la noche de este martes por falta de pruebas para imputarle el homicidio de la modelo argentina Karen Ailen, e informó que si se tiene que ofrecer una disculpa, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo hará.

“Ante una prueba que tiene un peso relevante que es el que se acredita que está fuera del país, pues me parece que se termina la investigación, eso da cuenta, si hay una actuación indebida, si hubiera algo, que eso he ordenado al procurador también, saber si se siguieron todos los protocolos, si se agotó la investigación, como se tenía que agotar y lo que se tenga que hablar con la familia, si se tiene que ofrecer una disculpa, que se la ofrezcan”, destacó en conferencia de prensa.

El procurador de Justicia capitalino Edmundo Garrido señaló que el caso en cuestión “no es un tema de equivocación”, sino de “probanzas”, y en ese sentido Mancera detalló que con base en los protocolos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el juez de Control determinó, a partir de las pruebas aportadas por la Policía de Investigación (PDI), girar la orden de aprehensión en contra del actor, para ser investigado por la muerte de Karen.

“El procedimiento que se ha seguido ahí de la información que tengo yo, es una doble imputación de testigos directa y un señalamiento con otro testigo más de un número de placas, unas imágenes, eso lo consideró el juez suficiente para una orden de captura”, justificó el funcionario.

De igual manera, Mancera Espinosa adelantó que conversará con Garrido para conocer las acciones que se tomarán a partir de que se determinó no vincular a proceso al joven, quien que el día del asesinato de la actriz argentina, el 27 de diciembre, se encontraba de vacaciones en Colombia.

El procurador de Justicia adelantó que la investigación continuará con diferentes líneas. Y se defendió: “Yo no diría que estamos hablando de errores (por haber liberado al presunto culpable); el juez decide si los elementos de prueba son suficientes para continuar con el procedimiento”.

Subrayó que la orden de aprehensión “en ningún momento determina una responsabilidad penal contundente”, y remató: “La institución no está criminalizando a nadie”.