Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un comando armado sitió los accesos al municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, lo que provocó la muerte de dos adultos mayores ante la falta de asistencia médica y el desabasto, denunciaron organizaciones indígenas.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) informó el deceso de Margarita Bonifacio Cabrera, quien había sido rescatada días atrás por un sacerdote en la localidad de Loma Santa Cruz.
Junto a ella, se reportó la muerte de otro vecino de la tercera edad, ambas atribuidas a la imposibilidad de recibir atención facultativa ante el bloqueo de los accesos a la zona.
“Un grupo armado nos tiene sitiados, lo cual ha impedido obtener alimentos para los 466 habitantes de la población y unas 30 familias desplazadas”, denunciaron autoridades municipales de Rancho Juárez Mazatlán mediante un comunicado dirigido a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
La escalada de violencia deriva de una disputa territorial que data de 1972 con el municipio vecino de Santo Domingo Petapa por 32 mil hectáreas, conflicto que se agudizó recientemente tras una pugna por recursos destinados a la construcción de un camino federal en el terreno en litigio.
En lo que va del año, la violencia ha dejado un saldo de al menos siete víctimas mortales.
Entre los casos más recientes se encuentran los asesinatos de los comuneros Palemón Agustín e Israel Cabrera Andrés, este último sacado violentamente de su hogar el pasado 23 de febrero por sujetos armados.
Además del sitio, los pobladores denunciaron que carecen de energía eléctrica desde hace tres años por cortes realizados por sus vecinos.
Abordado por periodistas locales, el Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, aseguró que el Estado mantiene un “acompañamiento integral” y presencia institucional con los desplazados.
En otro comunicado, el gobierno estatal informó que se activaron los protocolos de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno y que se entregaron víveres y kits humanitarios a familias de Lomas de Santa Cruz y Los Valles que se encuentran refugiadas en la cabecera municipal.
Organizaciones sociales y activistas urgieron la instalación de una mesa permanente de diálogo con presencia federal, al advertir que la situación se ha transformado en una crisis humanitaria con consecuencias fatales para la población civil.