Agencia Reforma
y Agencia Proceso
Ciudad de México

Tras la presentación de la CIDH, Norma Jiménez fue la primera declarante en pasar al estrado, donde luego de las preguntas de sus representantes, del Estado y de los jueces, relató los abusos de los que fue víctima el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y la falta de investigación de estos hechos: ella se encontraba en Atenco porque fue a documentar lo ocurrido un día anterior, después de que fueron retirados los floricultores de Texcoco, cuando fue arbitrariamente detenida y fue víctima de abusos por varios uniformados.
“Me llevan al último asiento del autobús y varios policías, no sé cuántos, pero eran más de tres, me atacan todos al mismo tiempo. Me arrancan el pantalón, comienzan a tocarme, me muerden, me levantan el suéter para que sólo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina, tomaban turnos para hacerlo”, contó.
Ante las preguntas del Estado, formuladas por el abogado Uriel Salas, el presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas, tuvo que intervenir, pues las preguntas estaban yendo en una dirección procesal.
“Ella no está obligada a responder”, indicó la juez.
Salas preguntó a la víctimas si tenía conocimiento de informes que había presentado el Estado reconociendo los hechos y proponiendo reparación integral.
Jiménez contestó que sí tenía conocimiento, pero que de fondo eso no resolvía nada, pues no había justicia.
La juez Elizabeth Odio Benito le preguntó si tras lo ocurrido pudo terminar su carrera en Artes Plásticas, a lo que dijo que no, porque sus dedos resultaron lastimados por los golpes que recibió y le tomó mucho tiempo retomar su vida. También dijo que su padre no aprobaba que ella estuviera en esos momentos ante la Corte Interamericana.
“Norma, las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos”, la alentó la juez.
El gobierno de Peña condena “categóricamente”… a Peña

Mediante un comunicado conjunto de Segob, SRE y PGR, el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció atender las acciones de reparación que decida la CoIDH en este caso, luego de condenar “categóricamente” los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de 11 mujeres como parte de la represión policiaca perpetrada en mayo de 2006 en el municipio de Atenco, cuando era gobernador del Estado de México el mismo Peña Nieto –hecho que no se menciona en el comunicado oficial.
El gobierno subrayó su reconocimiento, desde 1998, a la competencia contenciosa de la Corte. Resaltó que Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, representante oficial en esta audiencia, reiteró que el Estado mexicano condena “categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en nuestro territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres”.
El también subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, recordó que, desde marzo de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso Atenco, y desde esa fecha, aseguró, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes.
Como resultado de estos esfuerzos, hasta la fecha han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales –incluyendo agentes de Seguridad Pública del Edomex, médicos legistas y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del MP– por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura.
Por último, el gobierno mexicano reiteró su plena disposición y compromiso para “atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana” por el caso Atenco.