Gabriel Talavera, José Villasáez y Héctor Castro / Agencia Reforma

Monterrey

El traslado a penales federales de capos que controlaban los centros penitenciarios del estado desató en el Penal de Topo Chico disturbios que dejaron a un reo herido.
Los internos, cerca de 3 mil, quemaron colchones e hicieron mantas para denunciar que un líder delictivo, a quien identificaron como Kakino, tomaría el control del centro penitenciario y empezaría a cobrarles cuotas.
Horas después de la protesta, el capo, extraoficialmente identificado como Jaime Cabrera Escalante, fue también trasladado a un reclusorio federal.
En total, el estado trasladó ayer a 53 internos a ceresos federales, 39 durante la mañana y 14 más en la noche.
Internos y familiares aseguraron que el gobierno del estado buscaba imponer a Cabrera para que controlara el Topo Chico y que regresara el cobro de cuotas.
“No queremos a Kakino. No queremos cuotas. Nos quieren cobrar cuotas. El gobierno quiere cuotas”, gritaban reclusos a los reporteros desde los techos de los ambulatorios.
Los mismos mensajes se observaron también en sábanas y cartulinas que internos mostraron desde lo alto.
Además, familiares protestaron afuera del reclusorio con cartulinas en los que expresaron su descontento porque Cabrera no había sido trasladado.
Entre los 39 cabecillas ligados al crimen organizado que fueron removidos por la mañana a penales federales de Guanajuato, Oaxaca, Durango, Michoacán y Veracruz figuraba Julio César Pardo Leyva, apodado La July.
Pardo presuntamente tenía el control del penal desde el año pasado, meses después de que un grupo de internos masacró a 49 reclusos el 11 de febrero.
Desde entonces, aseguraron internos y familiares, no había pago de cuotas.
En conferencia de prensa por la mañana, el vocero de seguridad estatal, Aldo Fasci, informó que a las 8:30 horas ingresaron mil 200 policías estatales y federales al reclusorio para realizar una revisión de rutina.
Informó que se habían trasladado 39 internos de alta peligrosidad y que eran líderes naturales en los centros penitenciarios estatales.
“Todos catalogados como lideres de cárteles en el Estado”, subrayó Fasci.
Después de este traslado, los internos se manifestaron cerca de las 13:00 horas, cuando se escucharon detonaciones y minutos después emergió una columna de humo negro.
Fasci dijo que las detonaciones fueron causadas por pistolas de gas y el incendio se debió a que fueron quemados colchones.
Minutos después, decenas de reclusos subieron a los techos de tres ambulatorios para expresar su oposición a Cabrera.
Fasci atribuyó la protesta a un rumor que se generó en el exterior para desestabilizar y se negó a identificar a Cabrera.
Aseguró que no entregarían el control del penal a ningún grupo.
Por la noche, el vocero de seguridad convocó a rueda de prensa e informó que Cabrera y otros 13 internos fueron trasladados a penales federales, por lo que la cifra de trasladados aumentó a 53.
Dijo que lo trasladaron porque tenían informes de que estaba en riesgo porque los 3 mil reos del penal estaban en su contra.
Este sería el octavo disturbio en un año y ocho meses del gobierno de Jaime Rodríguez, con un saldo de 54 muertos y más de 130 lesionados.
El más sangriento ocurrió el 11 de febrero del 2016, cuando 49 internos fueron masacrados, posteriormente el 1 de junio una riña dejó tres asesinados y 14 heridos.