Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La teoría del “segundo tirador” en el caso Colosio volvió a fracasar ante la justicia federal.
Tras casi ocho meses en prisión, un tribunal federal canceló el proceso y ordenó liberar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, registrado el 23 de marzo de 1994.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca emitió el fallo con base en dos argumentos: que no había pruebas de un acuerdo previo entre Sánchez y Mario Aburto para asesinar al candidato presidencial y que el delito –el cual reclasificó–, ya había prescrito desde 2014.
“Los datos destacados en la consignación y valorados en el auto apelado son insuficientes para atribuir a Jorge Antonio Sánchez Ortega las calificativas de premeditación y alevosía. Esta conclusión no implica, por sí sola, descartar en esta fase la probable intervención conjunta del procesado en la privación de la vida de la víctima”, sentenció el tribunal por decisión unánime de sus tres magistrados.
“Significa que, aun si provisionalmente se admitiera una contribución material común al resultado, no existen datos suficientes para establecer que el dolo del procesado comprendiera la reflexión previa atribuida a Mario Aburto Martínez ni una forma concertada de ataque sorpresivo o mediante asechanza”.
El colegiado echó abajo la formal prisión dictada el 15 de noviembre por Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, y dictó el sobreseimiento del caso.
El tribunal ordenó la liberación de Sánchez Ortega desde el pasado 30 de junio; la única posibilidad de revertir este fallo es que las víctimas, en este caso los familiares de Colosio, presenten un amparo. Sánchez había sido aprehendido el 8 de noviembre en Tijuana e ingresado al Penal del Altiplano.

Ex titular de Delitos Fiscales de la FGR intentó extorsionar con 40 mdp para archivar carpetas

José Óscar Valdez Ramírez, ex titular de la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) de la FGR, también intentó extorsionar con 40 millones de pesos a un litigante para archivar las carpetas de investigación en su contra.
Sin embargo, el chantaje no prosperó porque la víctima lo denunció de inmediato, según la imputación por la que un tribunal de enjuiciamiento lo condenó a 27 años y 6 meses de prisión.
Al igual que en el caso de Pedro Luis Morlet Sánchez, las indagatorias de la FGR señalan que Valdez envió a Miguel Ángel Pino y a Óscar Matus Meléndez para abordar al abogado penalista Jesús Hermes Ángel Bohórquez, fundador del Instituto Hébo.
El 27 de noviembre de 2019, ambos enviados le advirtieron que tenía un problema pero que ellos le ofrecían la solución.
Poco después del encuentro, Ángel Bohórquez acudió ante la propia FGR para interponer la denuncia.