El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer instalar paneles solares en el muro que quiere levantar en la frontera con México para que la energía producida ayude a financiarlo y el país mexicano “tenga que pagar mucho menos dinero”.
“Estamos pensando en construir el muro como un muro solar, algo que cree energía y se autofinancie. De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no?”, dijo Trump durante un mitin en Cedar Rapids, en el estado de Iowa.
La idea de colocar paneles solares en el muro ya llevaba dos semanas circulando en Washington, dado que el mandatario habló de ella en un encuentro privado con un grupo de legisladores republicanos el pasado 6 de junio, pero hasta ahora Trump no había formulado esa posibilidad en público.
Trump aseguró que esa “idea singular” era suya, porque él es “un constructor”, y que la audiencia de Iowa era “el primer grupo” al que se la había comunicado.
“Allí abajo es uno de los lugares donde la energía solar funciona realmente bien. Y creemos que podríamos hacer que (el muro) tenga una apariencia preciosa, además”, aseguró Trump.
Pese al reclamo de Trump de que la idea del “muro solar” es suya, múltiples medios estadunidenses la atribuyen a una de las decenas de propuestas enviadas por distintas empresas que han participado en la licitación pública para construir el muro.
La compañía se llama Gleason Partners, cuyo fundador, Tom Gleason, dijo este mes al diario The Washington Post que su diseño generaría dos megavatios de electricidad por milla, una energía suficiente para abastecer a 350 viviendas.
Construir el muro propuesto por Gleason costaría unos 7.5 millones de dólares por milla (1.6 kilómetros), según aseguró el propietario de la empresa al diario.
Tras reunirse con Trump y otros legisladores en privado en la Casa Blanca el pasado 6 de junio, el congresista republicano Steve Scalise dijo a varios medios que el mandatario había tanteado con ellos la idea de “un muro que funcionaría como un panel solar para que finalmente se pagara por sí mismo”.
La construcción de un muro fronterizo con México es una de las grandes promesas de campaña de Trump, quien aseguró una y otra vez en sus mítines que esa barrera no costaría ni un dólar a los estadunidenses y sería financiado por el gobierno mexicano.
Esas afirmaciones le causaron problemas diplomáticos con México y, aunque no quiso retractarse, solicitó al Congreso una partida presupuestaria para la construcción del muro con la promesa de que después sería reembolsada por los mexicanos, algo a lo que la oposición demócrata se negó al aprobar los presupuestos.

Houston vota en contra de la ley de Texas sobre inmigración

El concejo municipal de Houston, la ciudad más grande de Texas y la cuarta de Estados Unidos, aprobó ayer unirse a la batalla legal contra el estado de la estrella solitaria por la ley que prohíbe las “ciudades santuario”, ratificada hace casi dos meses por el gobernador sureño, el republicano Greg Abbott.
Después de una ajustada votación (10-6), el ayuntamiento decidió unirse a otras ciudades texanas, como Austin y San Antonio, que ya han presentado una demanda contra Texas en los tribunales estadounidenses, y Dallas, que aprobó a principios de junio tomar también acciones legales en esta cuestión.
Así, las cuatro grandes ciudades de ese estado sureño intentarán parar por la vía legal la ley SB4 antes de que entre en efecto el próximo 1 de septiembre, fecha en la que debería entrar en vigor según estipulan las reglas de la Legislatura texana.
Además de estas grandes urbes, los condados fronterizos de El Paso y el de Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo ya han pedido a la Justicia estadounidense que bloquee esta ley, que ha sido catalogada de “inconstitucional y racista” por sus detractores.
Esta controversial ley prohibirá las “ciudades santuario” en Texas y permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
Esta cláusula, conocida popularmente como “enséñame los papeles”, es la parte de la legislación que los demandantes consideran que vulnera claramente la Constitución de Estados Unidos.
Después de la votación de ayer, los representantes públicos de Houston estudiarán una versión preliminar de la demanda el próximo lunes, informó el medio local Houston Chronicle.
La ley SB4 penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.
Asimismo, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales, así como sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.
Las organizaciones proderechos de los hispanos, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el Fondo México Estadunidense para la Defensa Legal (Maldef), la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas o La Unión del Pueblo Entero (Lupe), se han unido en la batalla legal contra la norma.
Otros grupos de defensa de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) y el Proyecto de Defensa de Trabajadores, también tienen un rol protagonista en esta batalla legal.