Agencia Reforma

Ciudad de México

El Gobierno de México y los socios de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, pidieron dar por terminado el juicio civil iniciado en Miami en 2021 para recuperar 600 millones de dólares provenientes de contratos públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg, empresarios señalados como prestanombres de García Luna, informaron ayer a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade que llegaron a un “acuerdo confidencial”, por lo que pidieron desechar la demanda, que nunca llegó a un juicio con jurado.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explica el escrito conjunto presentado ante la jueza Lisa Walsh, quien de aceptar la solicitud, solo mantendrá jurisdicción sobe el caso para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
García Luna, sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa, fue titular de la SSP federal de 2006 a 2012 y, según la demanda, recibió sobornos de los Weinberg desde 2006, para luego asociarse con ellos.
La semana pasada, la jueza Walsh condenó a García Luna y a su esposa Linda Pereyra a pagar más de dos mil millones de dólares, luego de que no se defendieron de la demanda de la UIF. Muy poco, o nada de esa cantidad se podrá recuperar en la práctica.

La demanda contra la familia Weinberg podría reanudarse, aclara la UIF

La UIF aclaró ayer que podría reanudar la demanda contra la familia Weinberg si el acuerdo con ellos para poner fin al caso no logra concretarse.
El acuerdo requiere la comparecencia de los Weinberg ante un juez federal de Almoloya de Juárez para oficializar un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, por el cual serán testigos colaboradores y se cancelarán los cargos penales en su contra, a cambio del pago de una reparación del daño al Gobierno mexicano.
Esa audiencia se iba a celebrar ayer, pero fue aplazada para el próximo lunes, y no está claro si en los últimos dos días surgieron nuevos elementos que ponen en duda la viabilidad de lo que ya parecía un convenio acordado entre las partes.
La demanda busca recuperar hasta 600 millones de dólares de contratos supuestamente ilegales adjudicados a empresas de los Weinberg y otros socios, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Crean en Hacienda la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial ayer martes una serie de reformas y adiciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para crear la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas.
La Dirección analizará información de personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, integrará reportes de inteligencia, recopilará información de entidades y personas sujetas a disposiciones legales, incluyendo actividades vulnerables, y participará en mecanismos de coordinación nacionales e internacionales para combatir organizaciones criminales.
También será el enlace entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades nacionales y extranjeras, para diseñar y ejecutar acciones estratégicas de coordinación y cooperación.

Descartan fiscales estadunidenses pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo

Fiscales estadounidenses acordaron no buscar la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, según un nuevo documento judicial.
La decisión fue presentada en un documento firmado por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, en el que se precisa que, aunque el caso sigue vigente, no se solicitará la pena capital.
Guzmán López es investigado por narcotráfico y enfrenta cargos adicionales tras su presunta implicación en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido el año pasado.
Eso generó una fractura interna en el Cártel de Sinaloa que se ha manifestado en la narcoguerra con decenas de asesinatos en Culiacán.