Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En la audiencia por lavado de dinero al ex gobernador Roberto Borge, el Ministerio Público solicitó que fuera llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 CPS Femenil, sin considerar que éste es únicamente para población femenil.

Por ello, el convoy federal que trasladó a Borge ingresó con el imputado a tal centro penitenciario, ubicado en la localidad de Michapa, en Coatlán del Río, Morelos.

Las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 permitieron el paso del convoy hasta la zona de revisión y ahí se les indicó que el penal era sólo para mujeres.

Entonces, Borge fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del municipio de Ayala, también en Morelos, cuyo personal ya esperaba al ex mandatario desde horas antes.

Tras el error, la PGR modificó incluso el comunicado en el que se detallaba el traslado del ex gobernador, y sustituyó el destino final del tralado: “Cefereso” por “Ceferepsi”.

Durante el trayecto, las autoridades encargadas del traslado también cometieron un error en la ruta para tomar la salida a Cuernavaca.

La PGR logró obtener de José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la vinculación a proceso contra Borge por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el juez aceptó el traslado de Borge a un penal federal con atención médica adecuada, ya que la defensa argumentó que el acusado padece síncope vasovagal, problemas renales y una “depresión profunda”. Los abogados querían que el acusado estuviera en centros especializados, lo que fue negado.

El Ceferepsi está localizado en el kilómetro 11+500 de la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, en Ciudad Ayala. Tiene capacidad para 500 reclusos y su nivel de seguridad es alto, pues cuenta con sistemas y equipos avanzados en detección de metales, drogas, explosivos y teléfonos. Además, cuenta con una torre médica de alta especialidad.

En ese penal ya había sido trasladado su antecesor, Mario Villanueva, luego de que fue extraditado de Estados Unidos, acusado por delitos contra la salud y lavado de dinero.

A Roberto Borge se le imputó estar involucrado en la presunta venta subvaluada de 22 predios, lo que derivó en un desfalco de más de 900 millones de pesos al erario.

La PGR mencionó como personaje clave en el plan de Borge a Claudia Romanillos Villanueva, a quien Borge nombró directora del IPAE. Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017, Romanillos estructuró el plan para que esos predios fueran vendidos en un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares, incluida su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Borge deberá enfrentar después a la justicia de Quintana Roo, cuya Fiscalía lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los que tiene órdenes de aprehensión vigentes por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.