EFE / DPA

Caracas

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, inició ayer el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sustituyan a los 33 jueces que fueron nombrados de manera “exprés” por la Cámara de mayoría chavista que operó hasta fines de 2015.
En esta jornada se realizó una sesión parlamentaria en la que la bancada opositora aprobó un acuerdo de designación de un Comité de Postulaciones Judiciales que se ocupará de seleccionar los candidatos para sustituir a esos magistrados cuyo nombramiento ha sido calificado por el antichavismo como fraudulento.
El proceso se realiza pese a que el mismo Supremo ha declarado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en “desacato” casi desde el mismo comienzo de sus operaciones a principios de 2016 y a pesar de que la misma corte desconoció la decisión de la Cámara que declaró nula la destitución de esos magistrados hace ya un año.
La situación de conflicto entre la nueva Asamblea y el TSJ se inició a solo días de que se celebraran las elecciones legislativas el 6 de diciembre de 2015 en las que resultaron electos 112 diputados opositores contra 55 del oficialismo.
El 23 de diciembre de ese año la Cámara, aún en manos del chavismo, designó a 13 jueces principales y 20 suplentes en una apurada sesión y la oposición ha asegurado que no solo el proceso fue fraudulento, sino que los magistrados tampoco cumplen con los requisitos para ejercer estos cargos.
Este proceso de designación de nuevos representantes del Supremo también tiene que ver con el recurso que introdujo este lunes la fiscal general, Luisa Ortega, que presentó una demanda de nulidad en el mismo TSJ contra la designación de los magistrados que, dijo, fueron elegidos mediante procesos irregulares.
Ortega Díaz protagonizó ayer un nuevo embate contra el TSJ al solicitar que se retire la inmunidad a ocho de sus magistrados por “conspirar” contra la nación al haber decidido en marzo pasado despojar de sus funciones al Parlamento
Por su parte, la bancada chavista en el Parlamento venezolano pidió a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal general Ortega alegando que está fuera de sus cabales y debe ser destituida, en medio de un abierto enfrentamiento con el gobierno.
El gobierno de Venezuela solicitó ayer al papa Francisco, a través de la nunciatura apostólica de ese país, que sea intermediario con la oposición para mantener a los niños y adolescentes “al margen” de las manifestaciones que sacuden al país caribeño, y que han desencadenado escenarios de violencia.