DPA

Ciudad de Guatemala

La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer iniciar el proceso para anular la inmunidad del presidente Jimmy Morales, por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito en 2015, por lo cual remitiría el caso al Congreso.
El trámite autorizado por la CSJ obedece a un requerimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP/Fiscalía) presentado el 25 de agosto.
El vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda, informó que la documentación se enviaría ayer mismo al Parlamento.
Se prevé que el Congreso tratará el tema en su sesión del martes, tal como establece la ley, es decir, en la primera sesión después de ser remitido por la CSJ. Los 158 diputados fueron convocados a una sesión ordinaria el martes, pero en la agenda no figura conocer el antejuicio contra el presidente guatemalteco.
El señalamiento contra Morales, quien el 14 de enero de 2016 asumió la presidencia bajo la promesa de “cero tolerancia a la corrupción”, se deriva de auditorías contables del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra varios partidos por gastos de campaña en 2015.
Morales era entonces candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y al mismo tiempo secretario general del colectivo.
De acuerdo con el TSE, ese partido dejó de informar el origen de unos 600 mil dólares gastados durante la campaña, provenientes de aportes “anónimos”.
El MP y la CICIG retomaron los hallazgos del TSE y los llevaron al plano de la investigación penal.
Tras la resolución de la CSJ, Morales reaccionó afirmando en un comunicado que no interferirá frente a ningún proceso legal que lo vincule “directa o indirectamente”.
A la vez, solicitó a los guatemaltecos “su objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”.