El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dijo ayer que no ha ido a Bélgica para pedir asilo, sino a Bruselas como capital de la Unión Europea (UE), en un nuevo intento de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis catalana.
Puigdemont, durante una conferencia de prensa en Bruselas, no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir asilo en este país y que solo volverá a España cuando tenga “garantías” de un “juicio justo”.
Así también, Puigdemont dijo que aceptará el resultado de las elecciones regionales convocadas en la región por Madrid tras su destitución y la disolución del Parlamento catalán en medio de la grave crisis provocada por el desafío independentista.
“Las elecciones son un gesto democrático, no nos dan miedo. Si el Estado español ha querido hacer un plebiscito, lo vamos a aceptar y vamos a dar una respuesta a ese desafío”, dijo en una rueda de prensa que despertó una gran expectación en la capital belga.
El Partido Demócrata Europeo Catalán, la formación de Puigdemont, había confirmado ya el lunes que participará en los comicios que tendrán lugar el 21 de diciembre. Uno de los mayores críticos internos de Puigdemont, el ex responsable catalán de Empresa Santi Vila, se postuló ayer como candidato de la formación.
El jefe del gobierno catalán destituido explicó que una parte del que fuera su gobierno se marchó a Bélgica y que no volverá a Cataluña hasta que no haya “garantías”. Habló, además, del “grave déficit democrático que se da en el Estado español”.
Su viaje se conoció después de que la Fiscalía española se querellara contra los ex responsables públicos catalanes por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió ayer la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento de esa región autónoma.
El TC decidió la suspensión al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de esa declaración secesionista.
El Tribunal tendrá ahora un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.
Además, el TC advirtió a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa (el órgano de dirección de la cámara regional) de que pueden incurrir en responsabilidades penales si no acatan la suspensión.
En particular, se les advierte de que deben abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia”.