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Arrestan al ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou por enriquecimiento ilícito

Acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (2011-2015). Fue detenido ayer en Buenos Aires en su vivienda en el lujoso barrio de Puerto Madero y trasladado a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. La defensa alega que es una acción “arbitraria”. Es el segundo alto funcionario del gobierno de la ex presidenta en quedar encarcelado en la última semana

DPABuenos Aires

Noviembre 04, 2017

El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (2011-2015), fue detenido ayer en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó su detención ante el riesgo de que pudiera fugarse y obstaculizar, a través de sus contactos políticos, la investigación de la causa en la que está acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita y en la que enfrenta cargos por tres hechos de lavado de activos, en el marco de un supuesto enriquecimiento ilícito.
Boudou fue detenido en su vivienda en el lujoso barrio de Puerto Madero y fue trasladado luego a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Anoche pasaría su primera noche en la cárcel de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires.
Su defensa recusó al juez y pidió la excarcelación del ex vicepresidente y ex ministro de Economía kirchnerista, por considerar que es “arbitraria”.
Boudou es el segundo alto funcionario del gobierno de Fernández de Kirchner (2007-2015) en quedar detenido en la última semana.
La semana pasada, pocos días después del triunfo de la coalición gobernante Cambiemos en las elecciones legislativas, fue arrestado el poderoso ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien durante los últimos tres gobiernos kirchneristas manejó el presupuesto de la obra pública argentina.
La ex jefa de Estado y senadora electa también es investigada en varias causas por supuesta corrupción e irregularidades durante sus mandatos. En la última semana Fernández de Kirchner debió declarar por el pacto con Irán y hace sólo 24 horas un tribunal de apelación confirmó su procesamiento por el supuesto otorgamiento direccionado de obra pública a empresarios cercanos y el embargo multimillonario sobre sus bienes.
El frente kirchnerista Unidad Ciudadana afirmó ayer que “el Gobierno del presidente (Mauricio) Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores” para que “sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”. “Se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”, advirtió la agrupación por la que Fernández de Kirchner fue elegida senadora.
Ayer fue arrestado además el empresario José María Núñez Carmona, amigo, socio y presunto testaferro de Boudou, imputado por asociación ilícita, en carácter de organizador, y lavado de activos.
También está imputada en la causa la ex novia de Boudou Agustina Kämpfer por lavado de activos, quien fue citada a declarar el 8 de noviembre.
“La asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente de la Nación”, señala la resolución del juez Lijo.
Boudou, de 54 años, afronta varias causas judiciales en su contra. Desde inicios de octubre está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio oral por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la principal imprenta de billetes de Argentina.
De acuerdo a la acusación, Boudou habría participado en una maniobra ilegal para quedarse con la imprenta privada Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía durante el primer Gobierno de Fernández de Kirchner, entre 2009 y 2011.
Este es el segundo juicio oral al ex vicepresidente en pocos meses, luego del primero en el que fue absuelto por prescripción en una causa por la transferencia de un vehículo con documentación adulterada.