EFE / DPA

Caracas / Panamá

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada en su totalidad por oficialistas, sigue apuntando a la ex fiscal general Luisa Ortega y a su esposo, el diputado Germán Ferrer, luego de su distanciamiento con el gobierno, acusándoles ahora de estar tras una red de extorsión.
Los más de quinientos asambleístas votaron en el pleno por el retiro de la inmunidad de Ferrer -un diputado de la vieja guardia chavista que tenía ya dos periodos en la bancada roja del Parlamento-, un procedimiento que da carta blanca para su captura y enjuiciamiento.
La decisión formaliza el procedimiento que ya las autoridades y la Policía de inteligencia iniciaron el miércoles con el allanamiento de la morada de Ferrer y Ortega Díaz, así como de conocidos y allegados, sin que se conozca hasta ahora del paradero de la pareja chavista pero disidente del gobierno de Nicolás Maduro.
La propuesta fue sometida a la votación por el constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que Ferrer “reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la Justicia”.
El parlamentario chavista “está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción, asociación para delinquir, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y extorsión”, dijo a su vez el primer vicepresidente de la Constituyente y ex asesor jurídico de Maduro, Elvis Amoroso.
A Ferrer se le implicó en el funcionamiento de una supuesta red de extorsión, que operaba gracias a su relación con la ex fiscal, para pedir dinero a las personas implicadas en delitos con el fin de evitar que el Ministerio Público formalizara las acusaciones.
En esa misma sesión, el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, enfiló también nuevas acusaciones contra Ortega Díaz, esta vez de ser la “autora intelectual” de todas las muertes ocurridas durante la oleada de protestas que se inició en abril contra el gobierno de Maduro y se saldó con más de 120 fallecidos.
En tanto, el joven venezolano Wuilly Arteaga, que se hizo popular por tocar el violín en las protestas contra Maduro, aseguró ayer que sí fue torturado por parte de funcionarios militares en el momento de su detención y que el vídeo difundido por Cabello fue editado.
Así también, el Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría opositora, abrirá una investigación sobre la masacre este miércoles de 37 personas en una cárcel del estado Amazonas del sur del país, que ha sido condenada ayer por la oposición.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, afirmó ayer en Panamá que “Venezuela será libre una vez más”, al reiterar que es conducida hacia “la dictadura” por el gobierno de Maduro.