El Departamento de Justicia de la Administración de Joe Biden ha pedido ayer al Tribunal Supremo de Estados Unidos que posponga la presentación de los argumentos en los casos relacionados con el muro en la frontera con México y la política de asilo, ambas medidas del expresidente Donald Trump.
Según el Departamento de Justicia, Biden ordenó una “pausa en la construcción” del muro para que su gobierno pueda evaluar la “legalidad de los métodos de financiación y contratación utilizados”, uno de los casos que se investigan y cuyos argumentos, que ahora se pide que se retrasen, tendrían lugar el 22 de febrero, informa CNN.
La presentación de argumentos orales es un proceso que lleva a cabo el Tribunal Supremo estadunidense en el que los jueces hacen preguntas directamente a los abogados que representan a las partes en el caso y en el que los abogados pueden resaltar los argumentos que consideran importantes.
En concreto, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur ya pidieron al Tribunal Supremo hace un año que bloqueara la construcción del muro, para lo que se desviaron 3.02 millones de dólares destinados a otros fines.
El otro caso, cuyos argumentos tendrían lugar el 1 de marzo, corresponde a la política de asilo que obliga a que miles de solicitantes se queden en México mientras sus solicitudes se tramitan, informa The Hill.
Esta petición al Supremo muestra cómo el Departamento de Justicia de Biden se encamina a detener la construcción del muro, una cuestión que ya reclamó unas horas después de su entrada en la presidencia a través de una proclama.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional ya detuvo las inscripciones en el programa de asilo de Trump, que supuso la devolución a México de más de 60 mil solicitantes.
Por otro lado, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la principal agrupación sindical de Estados Unidos, eligió por primera vez en sus 101 años de existencia a una persona de raza negra para ejercer su Presidencia, Deborah Archer, una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y experta en derechos civiles y justicia racial.
La ACLU informó ayer de que Archer fue nombrada durante el fin de semana durante una reunión virtual de los 69 integrantes de la junta directiva. La afroestadunidense sucede en el cargo a Susan Herman, una profesora de la Facultad de Derecho de Brooklyn que había ocupado el cargo desde 2008.

Policías de EU esposan a niña de 9 años y le rocían gas pimienta

Un video en el que policías esposan a una niña afroamericana de nueve años y la rocían con gas pimienta en Rochester, en el noreste de Estados Unidos, suscitó una nueva ola de indignación ante los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en el país.
La policía de esa localidad del estado de Nueva York justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no fue revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.
Los agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes reaccionaron esposando a la niña y, al no lograr meterla en una patrulla, usaron gas pimienta, según videos de las cámaras que los policías llevan en el traje, publicados el domingo por las fuerzas del orden.
La alcaldesa de Rochester, la afroestadunidense Lovely Warren, condenó el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de los policías de la ciudad (Con información de Agencias).