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Sábado 04 de Mayo de 2024

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Boluarte deja en manos del Congreso de Perú el adelanto de elecciones para 2023

El primer ministro descarta la renuncia de la presidenta porque “abriría las puertas a la anarquía”. Investigan el ingreso ilegal de armamento por el sur del país para su uso en las manifestaciones. Aprueba el gobierno 316 millones de dólares para los sectores vulnerables

Enero 17, 2023

La presidenta de Perú, Dina Boluarte (en imagen de archivo), se reunió ayer en el Palacio de Gobierno con líderes religiosos del país, a quienes pidió colaboración para fortalecer el diálogo y la paz social en medio de la fuertes protestas Foto: DPA

Europa Press

Madrid

El ministro de Justicia de Perú, José Tello, ha señalado ayer que el Congreso tiene la posibilidad de adelantar elecciones este 2023 y que como gobierno “no habría ningún problema” en asumir dicha decisión. “Nos acogemos al marco constitucional”, ha remarcado.
Tello ha recordado que si bien el Congreso ya decidió en una primera votación adelantar elecciones para abril de 2024, dispone de autoridad para marcarlas ya en 2023 en base a la “decisión plena” y “autónoma” que tiene la cámara para legislar.
“Ellos podrían decidir adelantarlas hacia 2023 y para nosotros no habría ningún problema porque nosotros nos acogemos al marco constitucional y también a la separación de poderes y a las decisiones que pueda tomar el Congreso”, ha dicho.
Sobre la negativa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a dejar el cargo tras las críticas que está recibiendo por la represión policial de las protestas –que han dejado ya cerca de cuarenta muertos– Tello ha valorado que se trata de un “decisión valiente” ya que su marcha crearía más inestabilidad.
“Dina Boluarte está garantizando que haya un Ejecutivo que conduzca junto con el Legislativo y los demás organismos del Estado y electorales una transición ordenada hacia el año 2024”, ha valorado Tello en declaraciones para RPP.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, señaló que la declaratoria del estado de emergencia en el Callao, Cusco, Lima y Puno es una medida para proteger a la población ante situaciones de violencia.
Por otro lado, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ha defendido la necesidad de que la presidenta, Dina Boluarte, se mantenga en el cargo ya que de no hacerlo “abriría las puertas a la anarquía” en un momento de profunda crisis política y social.
Otárola ha recalcado que Boluarte “no va a renunciar” por su “sentido de alta responsabilidad” y ha enfatizado en el “diálogo democrático” como única salida a la difícil situación que atraviesa el país, con cerca de cuarenta muertos desde que comenzaron las protestas por la detención del expresidente Pedro Castillo.
Así también, el Congreso de Perú ha aprobado una reforma constitucional para eliminar el voto de confianza que deben enfrentar en el Parlamento andino los gabinetes ministeriales cuando son constituidos, si bien la medida será sometida a referéndum entre la población del país.
Con 75 votos a favor y 46 en contra, el pleno del Congreso ha sacado adelante una reforma propuesta por la Comisión de Constitución, planteando un cambio del artículo 130 de la Carta Magna, ha informado la emisora RPP.
Este artículo establece que, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, el presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete se presenten ante el Congreso para “exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”, lo cual “plantea el efecto” de cuestión de confianza.
El gobierno de Perú ha aprobado por vía de urgencia un paquete de medidas extraordinarias por valor de mil 217 millones de soles peruanos (319 millones de dólares) para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.
Estas medidas, muchas de las cuales forman parte del plan ‘Con Punche Perú’ (el último programa de iniciativas adicionales para la reactivación económica del país), se ejecutarán de forma inmediata y beneficiarán a más de dos millones de personas, al mismo tiempo que supondrán un revulsivo para las economías regionales y locales de Perú.
Mientras, el Ministerio de Defensa de Perú ha anunciado la apertura de una investigación por el posible ingreso de armamento y municiones por el sur del país para su posterior uso durante las manifestaciones que exigen la dimisión del gobierno de Dina Boluarte.
“Estamos corroborando esa información, si hay indicios e información que conlleva a eso, lo responsable es corroborar esa información y después tomar las acciones correspondientes a eso”, ha afirmado el titular de Defensa peruano, Jorge Luis Chávez, ha recogido la agencia Andina.
Chávez ha anunciado la investigación a raíz de las declaraciones de un médico que señaló la existencia de evidencia que en los fallecidos había heridas con características de balas expansivas y fragmentarias.
Por otro lado, la Unión Europea ha condenado ayer el uso de la violencia en Perú, por parte de manifestantes y de las propias fuerzas seguridad peruanas, pidiendo diálogo a todos los actores para superar la actual crisis que atraviesa el país andino.

Se gestionó en agosto de 2022 el asilo de la esposa de Pedro Castillo en México

La Fiscalía de Perú ha advertido de que el expresidente Pedro Castillo empezó a gestionar la solicitud de asilo en México para su mujer, Lilia Paredes, ya en agosto de 2022, varios meses antes del intento frustrado de arrogarse más funciones y que derivó en su destitución y detención.
El Ministerio Público ha trasladado esta información en el marco de una investigación, adelantada por el diario El Comercio, que apunta a que el subsecretario presidencial Beder Camacho habría sido el encargado de gestionar el asilo con las autoridades mexicanas.
De acuerdo con estas informaciones, Camacho se reunió a mediados de agosto con el embajador venezolano en Lima, Alexander Yáñez, para gestionar el asilo no solo de Paredes, sino también del exministro de Transportes Juan Silva y de Fray Vásquez, sobrino de Castillo.