Una mafia electoral que sirvió para llevar al poder al ex presidente Otto Pérez y que continuó durante su mandato (2012-2015) fue develada ayer por organismos de investigación tras un amplio operativo policíaco que dejó 23 personas detenidas vinculadas a los hechos.
De acuerdo con la investigación presentada en conferencia de prensa por la Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la estructura se basó en la creación de empresas de cartón y financiamiento ilícito entre 2008 y 2011 y la generación de contratos fraudulentos a cambio de sobornos a partir de 2012, año en que Pérez llegó al poder.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, dijo que el “emporio criminal” se “amplió a partir del 14 de enero de 2012 (día de la investigura de Pérez) y se fue perfeccionando y generando un “sofisticado sistema de lavado de capital de origen ilícito” que hace uso, incluso, del sistema bancario.
“Ese dinero se bancariza” producto de diferentes modalidades operativas empleadas por las “redes político-económicas”, hizo ver.
“Mediante esta estructura cooptaron las instituciones, se apropiaron de las instituciones del Estado. Desviaron los recursos públicos para beneficio personal mientras el 47 por ciento de los niños guatemaltecos menores de cinco años sufre desnutrición crónica”, añadió el Comisionado de la ONU con tono de indignación.
Por su parte, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, fue exponiendo uno a uno algunos de los 454 contratos que de acuerdo con la investigación el Gobierno de Pérez otorgó bajo esta estructura y que se estima dejó unos 65,4 millones de dólares de “incentivo comercial monetario (ICM)”, como la propia estructura denominó al beneficio obtenido.