La Justicia argentina modificó ayer la carátula de la investigación por la desaparición, hace 23 días, de un joven que había participado de una protesta mapuche desalojada por agentes de seguridad, informaron ayer fuentes judiciales.
Silvina Ávila, fiscal federal de la ciudad patagónica de Esquel, situada a mi 800 kilómetros al sur de Buenos Aires, consideró que la Justicia debe investigar el caso como un presunto delito de “desaparición forzada de personas” y no “averiguación de paradero”, como se encontraba hasta ayer.
La fiscal aceptó un pedido de la familia del joven Santiago Maldonado, que a partir del testimonio de varias personas ante la Justicia asegura que el joven está desaparecido desde el 1 de agosto pasado luego de ser detenido por agentes de la Gendarmería, la fuerza que vigila las fronteras argentinas.
La modificación judicial pone el foco ahora sobre el rol que cumplieron los gendarmes durante la protesta de los mapuches en el Departamento Cushamen, en la provincia austral de Chubut, porque ya no se considera que Maldonado se encuentre extraviado, por ejemplo.
Por otro lado, la justicia argentina emitió una orden de captura internacional contra el empresario Mariano Martínez Rojas, ex dueño de dos medios de comunicación, en una investigación por lavado de dinero y un fraude al Estado de hasta mil millones de dólares, confirmaron ayer fuentes judiciales. (DPA / EFE / Buenos Aires).