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Barcelona

La grave crisis abierta por el referéndum unilateral de independencia que el gobierno regional de Cataluña insiste en celebrar pese a la suspensión de la Justicia española siguió escalando ayer con nuevas denuncias, advertencias cruzadas y medidas para frenar la votación el 1 de octubre.
En medio de una incertidumbre absoluta sobre qué ocurrirá el día de la consulta dentro de dos semanas, los partidarios del referéndum en la región nororiental ganaron ayer un respaldo clave: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el 1 de octubre se podrá votar en la ciudad “sin poner en riesgo instituciones ni servidores públicos”.
Colau había puesto en duda la posibilidad de permitir la votación en la capital catalana por temor a las consecuencias que podía acarrear para los funcionarios participar en un acto ilegal y suspendido por la Justicia, pero ayer llegó a un acuerdo con los independentistas.
El anuncio de Colau, clave para facilitar el voto en el referéndum, fue celebrado de inmediato como una “gran noticia” por el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont. “Hemos encontrado la manera preservando la institución y los trabajadores públicos, pero también garantizando el derecho a voto de los barceloneses”, comentó.