El gobierno de Cataluña dio ayer un paso decisivo en su desafío al Estado español al convocar un referéndum para decidir sobre la independencia de la región nororiental de España el 1 de octubre, una iniciativa que el Ejecutivo español considera ilegal.
“Cataluña decidirá democráticamente su futuro el 1 de octubre”, dijo el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras la firma del decreto de convocatoria en una declaración institucional.
“Nadie tiene la autoridad ni el poder de incautarnos el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia”, añadió ante una bandera de Cataluña y otra de la Unión Europea (UE).
La firma de la convocatoria del referéndum tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada “ley del referéndum”, una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.
El gobierno central de Mariano Rajoy dejó ayer claro que recurrirá este jueves la “ley del referéndum” ante el Tribunal Constitucional.
Incluso antes de la votación, el Ejecutivo dio ya un primer paso y pidió ayer al alto tribunal que frene actuaciones del “parlament” catalán contrarias a sentencias previas y que estudie una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley. Entre ellos, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
El Parlamento de Cataluña, con mayoría de grupos a favor de la independencia de esta región española, aprobó ayer una ley para amparar el referéndum secesionista previsto para el 1 de octubre, decisión que el gobierno español previamente había solicitado anular al Tribunal Constitucional (TC).
La norma obtuvo 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado, ninguno en contra y 11 abstenciones. (DPA / Barcelona / Madrid).