La tensión acumulada desde hace semanas en España por el desafío soberanista en Cataluña estalló ayer en una crisis sin precedentes cuando el Parlament en Barcelona aprobó la creación de una república y Madrid respondió disolviendo la Cámara y el gobierno regional y convocando elecciones autonómicas.
Ambos pasos, inéditos en 40 años de democracia en España, abren ahora un nuevo capítulo con consecuencias imprevisibles que se extenderá por lo menos hasta el 21 de diciembre, la fecha fijada por el gobierno central de Mariano Rajoy para la llamada a las urnas.
El primer foco de conflicto en una jornada histórica se abrió en Barcelona, donde el Parlamento regional aprobó una resolución presentada para crear una “república independiente” en un plazo no estipulado: la ruptura decisiva con la que amenazaba desde hace meses el gobierno soberanista de Puigdemont.
“Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, indica la resolución presentada y respaldada por el grupo Junts pel Sì del Govern y el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular) que lo apoya.
“Vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país, tendremos que mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad”, vaticinó Puigdemont tras el voto en la Cámara, mientras miles de personas reunidas en las calles celebraban dando por hecho la creación de la nueva república.
La propuesta fue sometida a votación y aprobada por la mayoría independentista, que pidió votar en secreto para evitar posibles consecuencias legales, con 72 votos a favor, diez en contra y dos en blanco. Los grupos opositores del Partido Popular (PP), los socialistas (PSC) y Ciudadanos se ausentaron en el momento de la votación en señal de protesta.
Los juristas explicaron que el texto se limita a instar al Govern a iniciar un “proceso constituyente” que acabe en una Constitución catalana pero no implica una declaración de independencia, porque las fórmulas decisivas figuran en una parte no sometida a votación.
Sin embargo, el voto en el Parlament abrió un terremoto político y una catarata de reacciones políticas, judiciales y económicas, comenzando por la más drástica: la aprobación en el Senado de las medidas pedidas por el gobierno de Rajoy para intervenir en la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución.
Las medidas fueron enviadas el Senado, que durante esta semana las debatió de cara a su aprobación, que se produjo ayer con 214 votos a favor –el 81 por ciento de la Cámara–, 47 en contra y una abstención. El Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría en la Cámara alta parlamentaria y contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y del liberal Ciudadanos.
“No hay alternativa. Lo único que se puede, y además se debe hacer, es acudir a la ley precisamente para hacer cumplir la ley”, dijo hoy Rajoy al pedir al Senado que aprobase las medidas de su Gobierno.
Tras esa aprobación, un Consejo de Ministros discutió en Madrid las primeras medidas de la intervención, que fueron más allá de lo previsto por la inesperada convocatoria de elecciones en diciembre, un paso pensado inicialmente para un plazo máximo de seis meses en el plan original del Gobierno.
Además de la destitución del Govern y la convocatoria a las urnas, Madrid aprobó disolver las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero (excepto la de Bruselas) y diversos organismos autonómicos. También acordó el cese de los delegados del Govern en Madrid y Bruselas y del director de la Policía autonómica catalana.
“Estamos viviendo hoy una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña”, sostuvo Rajoy, que justificó las medidas como un modo de responder al “secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”.
El mandatario conservador insistió en que la intervención en Cataluña no busca suspender su autonomía, sino restaurarla, y anunció por eso las elecciones: “Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley, controles y garantías las que pueden sentar las bases de la convivencia”.
Madrid recurrirá también ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada en el Parlamento de Cataluña. Además, la Fiscalía General del Estado confirmó que presentará previsiblemente el lunes una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del Govern por un delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión.
El riesgo de esas consecuencias penales podrían explicar la ambigua fórmula usada en la resolución aprobada ayer en el Parlament, un modo de Puigdemont para contentar al independentismo y minimizar los frentes legales.
Las reacciones dentro y fuera de España se multiplicaron toda la jornada. “Sentimos vuestro dolor y angustia como dolores y angustias propias”, dijo el socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición. “Estoy convencido de que la unión entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España”.