Redacción / Europa Press

Immokalee, Florida / Los Ángeles / Madrid

Trabajadores en todo Florida se ausentaron ayer de las obras de construcción y de los campos de tomate, mientras que una gran cantidad de restaurantes, tiendas y otros pequeños establecimientos nunca abrieron sus puertas en protesta por una nueva ley estatal que impone restricciones para los inmigrantes que viven en el país sin autorización.
Los organizadores se refirieron a la protesta como “un día sin inmigrantes”.
En el área metropolitana de Orlando, decenas de manifestantes, incluidos algunos camiones con pequeñas grúas de construcción, se reunieron en protesta en una importante intersección ubicada afuera de la oficina de un legislador estatal que promovió la medida, según información de Associated Press.
La protesta, que las organizaciones Unidos Immokalee y Florida Immigrant Coalitions han definido como “pacífica”, se desarrolló en Immokalee, una comunidad agrícola ubicada en el condado de Collier, en el suroeste del estado.
En Immokalee, una zona en el suroeste de Florida conocida por sus cultivos de tomate, cientos de manifestantes, muchos de ellos acompañados de sus familias, marcharon por 3 kilómetros alrededor del poblado con pancartas y gritando consignas.
En Fort Lauderdale, opositores a la medida gritaron consignas y ondearon banderas afuera del comedor latino de Isis Córdova, el cual permaneció cerrado en protesta.
“Logré obtener un estatus legal en este país, y dije que el día que tuviera papeles levantaría la voz. Voy a hablar por aquellas personas que no tienen una voz”, dijo Córdova. “Porque sé lo que es estar en sus zapatos, del otro lado, con ese miedo y viviendo en las sombras”.
La ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el mes pasado refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente. También aumenta los requerimientos para los establecimientos con más de 25 empleados para el uso de E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar en Estados Unidos de forma legal. Otra cláusula obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en sus formatos de admisión, requerimiento que los críticos aseguran que tiene como objetivo disuadir a los migrantes que viven sin autorización en Estados Unidos de buscar atención médica.
El mes pasado, el grupo por los derechos civiles de los latinos LULAC emitió una recomendación para que los hispanos se abstengan de viajar al estado, advirtiendo que la nueva ley margina a las comunidades migrantes y es inmoral. Otros grupos por los derechos civiles, entre ellos la NAACP y Human Rights Campaign, también han recomendado no viajar a Florida, argumentando que las nuevas leyes y políticas de DeSantis y los legisladores republicanos son “abiertamente hostiles hacia los afroestadunidenses, personas de color e individuos LGTBQ+”.
Isaac Dubon, dueño de un negocio de construcción en el sur de Florida, dijo que los inmigrantes son importantes para el estado debido a que realizan trabajos que los demás no quieren hacer.
“Trabajamos mucho en este país, 15 o 16 horas seguidas sin parar”, declaró. “Pasamos por muchas cosas. También pagamos impuestos, como todos los demás, y sostenemos a la economía del país”.
De acuerdo con un comunicado, de las organizaciones convocantes, la marcha se realiza “en solidaridad con los 4.5 millones de inmigrantes que viven en Florida, con los 2.7 millones de floridanos nacidos en Estados Unidos que tienen al menos un padre o madre inmigrante, y en solidaridad con todos los miembros de nuestra comunidad cuyas vidas se ven afectadas, por la agenda destructiva de DeSantis”, según información de EFE.
Por otro lado, activistas y defensores de los inmigrantes de California se unieron ayer a las movilizaciones a nivel nacional para invocar un boicot en rechazo a una ley migratoria aprobada en Florida, considerada una de las más restrictiva del país y que, según los manifestantes, utiliza a los indocumentados como “arma política”.
“No podemos permitir que esta ley entre en vigencia en Florida porque rápidamente otros estados pueden tomar ejemplo”, advirtió a EFE Gloria Saucedo, activista con más de tres décadas de lucha por los derechos de los inmigrantes en California, sobre la norma SB 1718 que el próximo 1 de julio entrará en vigor en Florida.
Saucedo se unió a otros activistas en la jornada denominada “Un día sin inmigrantes”, con la que alzaron su voz y buscaron el apoyo de votantes y negocios para iniciar un boicot contra Florida y el gobernador Ron DeSantis, impulsor de la medida y quien aspira a convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024.
El llamado al boicot también se realizó en otras grandes ciudades del país con numerosa población de inmigrantes como Chicago (Illinois), Houston (Texas) y la californiana Los Ángeles.
“Vamos a volver a salir a las calles”, dijo Marú Galván, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las organizaciones convocadas ayer en la icónica Placita Olvera, en Los Ángeles, para una concentración organizada por Mobilize 4 Immigrants.

El Senado de EU aprueba el acuerdo sobre el techo de endeudamiento

El Senado de Estados Unidos ha aprobado ayer la ley sobre el techo de endeudamiento acordada entre el presidente, Joe Biden, y el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a menos de una semana de que se cumpliese el plazo límite.
Con 63 votos a favor y 36 en contra, senadores de ambos partidos han aprobado a última hora de la noche la norma, que ahora deberá ser firmada por Biden antes de quedar implantada.
La norma ya pasó el trámite más difícil este miércoles, cuando fue aprobada por una mayoría de nuevo bipartidista en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. En el Senado, con mayoría demócrata, se esperaba que la ley se aprobase sin mayor dificultad, a pesar de reticencias de miembros de ambos partidos.
Biden ha celebrado en un comunicado que “senadores de ambos partidos han votado a favor de proteger el progreso económico que tanto nos ha costado conseguir y evitar el primer impago de la historia de Estados Unidos”.
“Nuestro trabajo dista mucho de estar acabado, pero este acuerdo es un paso adelante decisivo y un recordatorio de lo que es posible cuando actuamos en interés de nuestro país. Espero firmar este proyecto de ley lo antes posible”, ha añadido, insistiendo en el mensaje que ya ha venido repitiendo durante toda la negociación de que ninguno de los dos partidos ha conseguido en su totalidad lo que quería.
Por su parte, McCarthy –que se ha enfrentado en los últimos meses a duras críticas dentro de su propio partido por las concesiones a Biden en el acuerdo– también ha celebrado la aprobación de la ley, asegurando que ha conseguido que “Washington vuelva a trabajar”.
Biden se ha tropezado con un saco de arena y se ha caído en el escenario de una entrega de diplomas durante una ceremonia de graduación de nuevos miembros de la Fuerza Aérea estadunidense en el estado de Colorado.
Tras caer al suelo, el presidente ha sido ayudado por oficiales de la Fuerza Aérea para lograr ponerse de nuevo en pie. Tras este incidente, ocurrido casi al final de la ceremonia, el mandatario continuó en pie hasta el fin de evento.
Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado ayer que, si vuelve a ser nombrado presidente, desplegará efectivos militares para combatir la lucha contra la crisis del fentanilo y además poder “infligir el máximo daño” a las operaciones de los cárteles. (Con información de Agencias).