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Condenan a 12 años de arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe; dice que apelará

Europa Press Madrid Una jueza de Bogotá anunció ayer que ha condenado a doce años de arresto domiciliario al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), después de que esta misma semana fuera declarado culpable por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, si bien fue absuelto de un cargo de soborno simple, … Continúa leyendo Condenan a 12 años de arresto domiciliario al expresidente Álvaro Uribe; dice que apelará

Agosto 02, 2025

Europa Press

Madrid

Una jueza de Bogotá anunció ayer que ha condenado a doce años de arresto domiciliario al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), después de que esta misma semana fuera declarado culpable por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, si bien fue absuelto de un cargo de soborno simple, en el marco de un caso que se remonta a 2012.
Además de la pena privativa de libertad, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá Sandra Liliana Heredia Aranda ha decidido también inhabilitarle durante más de ocho años, mientras que tendrá que pagar una multa de más de 3 mil 444 millones de pesos, equivalente a 2 mil 420 salarios mínimos (alrededor de 720 mil 700 euros), según el fallo.
En la sentencia de más de mil 100 páginas, la jueza ha precisado que, para hacer efectivo el beneficio del arresto domiciliario, Uribe –de 73 años– deberá pagar una póliza judicial. Además, a las 14.00 horas tendrá lugar la nueva audiencia en la que la jueza emitirá la orden de captura contra Uribe.
El exmandatario colombiano ha manifestado que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras la petición de su defensa de extender el plazo para presentar este recurso debido a la complejidad del caso, algo que ha sido aceptado por la jueza. El también exsenador ha negado en todo momento los hechos y ha alegado que es víctima de una persecución política.
“(Los) desvíos temperamentales, (las) intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional”, ha mantenido el Uribe durante la audiencia.
Por su parte, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la sentencia en respuesta a la acusación del hijo de Uribe, Jerónimo Uribe, en la que ha asegurado que el fallo del tribunal es una estrategia del mandatario.
“Esto, con el debido respeto al señor Jerónimo, es una calumnia. En mi estrategia no está la condena de Uribe, está la libertad de Uribe”, ha aseverado Petro en un mensaje desde su cuenta de la red social X. “Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe, fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego, se puso en manos de la juez, al renunciar al senado”, ha concluido.
Ayer por la mañana un grupo de 28 exmandatarios de América Latina y España, algunos pertenecientes a la organización de ultraderecha IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) presentaron ante la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia sobre supuestas anomalías procesales registradas en desarrollo del juicio penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Guillermo Lasso (Ecuador) y Mariano Rajoy (España) encabezaron la carta, en la que también aparecen los nombres de los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón; de Costa Rica Óscar Arias; de España, José María Aznar; de Colombia Andrés Pastrana (entre otros), en la que solicitaron implementar mecanismos de monitoreo, supervisión y control en la etapa final del caso Uribe y pidieron imponer nuevas medidas de protección en materia de derechos humanos para respetar las garantías fundamentales exigidas por el expresidente, según información de diario Cambio.
Finalmente, los firmantes de la carta enviada también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron señalamientos sobre supuestas maniobras para ejercer presión institucional o personal sobre la justicia. (Con información de Agencias).