La sentencia que suma varias penas, también inhabilita al ex presidente brasileño (2003-2010) por 19 años para ejercer cualquier cargo público. El ex presidente de Brasil que ha manifestado su interés por volver a ser candidato en las elecciones de 2018 asegura en su defensa que la fiscalía no presentó pruebas de los delitos que se le imputan. La destituida ex presidenta Dilma Rousseff acusó a la justicia de persecución política. Por su parte, su abogado habla de que se trata de un “juicio político” y dice que apelará a la ONU. La resolución coincide con el inicio del proceso contra el actual presidente, Michel Temer, bajo sospecha de haberse beneficiado durante años de sobornos
DPA / EFERío de Janeiro / Curitiba / Sao Paulo
Julio 13, 2017

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer a nueve años y medio de cárcel por corrupción debido al caso “Lava Jato” (“Lavado de autos”), según sentenció el juez a cargo del proceso, Sérgio Moro.
El ex mandatario (2003-2010) podrá sin embargo apelar el veredicto en libertad, según la sentencia emitida en primera instancia. La condena, que suma varias penas por cargos de corrupción y lavado de activos, también determina que Lula quede inhabilitado para asumir cargos públicos durante 19 años, el doble de los años de prisión.
Lula, que tiene al menos otros cuatro juicios pendientes por “Lava Jato”, ha anunciado ya que quiere volver a ser candidato presidencial por su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en 2018.
El ex presidente fue declarado ayer culpable de haber aceptado sobornos de la empresa OAS, a través de la reforma de un apartamento de tres pisos en Guarujá, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El apartamento, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.
“El condenado recibió una ventaja indebida mientras ejercía el cargo de presidente de la república”, señaló Moro en la sentencia de más de 250 páginas emitida en Curitiba, sede de los procesos de “Lava Jato”. “La responsabilidad de un presidente de la república es enorme y, en consecuencia, también su culpabilidad cuando practica delitos”.
El valor estimado de la reforma del apartamento es cifrado en más de 3.7 millones de dólares (1.1 millones de dólares). El caso del “tríplex de Guarujá” es el más grave de los varios juicios abiertos contra el carismático ex líder obrero e ícono de la izquierda latinoamericana por “Lava Jato”.
Por el apartamento estaba acusada también la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida en febrero. El ex presidente atribuye el interés por el apartamento a su esposa y sostiene que él no estaba al tanto.
El interés fue probado en el juicio, pero la pareja no llegó a ser nunca propietaria del tríplex. Moro consideró sin embargo como suficientes los indicios de que el soborno había sido acordado.
Lula aseguró en su defensa que la fiscalía no presentó pruebas de los delitos que se le imputan. En su sentencia, Moro acusó al político de haber intentando intimidar a la corte y subrayó que no decretó prisión preventiva por “prudencia”.
Lula es el primer jefe de Estado brasileño en ser condenado por delitos ocurridos durante su mandato. Sus compañeros políticos rechazaron ayer la condena.
La ex presidenta Dilma Rousseff, que asumió el poder de manos de su mentor político en 2011, acusó a la Justicia de persecución política. “Lula es inocente y esa condena hiere profundamente a la democracia”, escribió Rousseff en un comunicado. “El pueblo brasileño sabrá rescatarlo democráticamente en 2018. Vamos a resistir”, agregó combativa la ex mandataria aludiendo a las próximas elecciones.
La actual líder del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, atacó a Moro. “Es lamentable que un juez se dé al papel de hacer política”, dijo Hoffmann en Brasilia.
El caso del apartamento no es el único en el que está acusado Lula. Contando ese proceso, el ex presidente debe responder aún al menos en cuatro juicios más relacionados con “Lava Jato”.
Lula rechaza todos los cargos y acusa a sus adversarios de estar detrás de los procesos para impedirle volver a la arena política. Las últimas encuestas muestran al carismático ex dirigente obrero de 71 años como favorito para ganar la primera vuelta, con hasta un 30 por ciento de las preferencias.
La defensa de Lula da Silva, condenado ayer a nueve años y medio de cárcel por corrupción, rechazó la sentencia como un “juicio político” y aseguró que llevará el caso hasta la ONU.
Por otro lado, el pleno del Senado brasileño aprobó ayer el nombramiento como nueva Fiscal General de la procuradora Raquel Dodge, quien será la primera mujer en ocupar ese cargo, que tiene una responsabilidad fundamental en el combate a la corrupción.
Protestas en Sao Paulo a favor de Lula tras su condena por corrupción
Cientos de simpatizantes de Lula da Silva salieron ayer a protestar a las calles después de que el histórico ex mandatario fuera condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción.
Los seguidores de Lula se volcaron a la Avenida Paulista, en el corazón de la metrópoli financiera de Brasil y cuna política de Lula, según mostraron imágenes del canal de televisión Globo News.
Pero también detractores del ex jefe de Estado de 71 años salieron a las calles en la ciudad más grande del país para apoyar la lucha contra la corrupción, informó la emisora. Las manifestaciones transcurrieron inicialmente de forma pacífica.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó ayer de “golpe judicial” la condena a nueve años y medio de cárcel que recibió el ex mandatario Lula tras un juicio por delitos de corrupción y lavado de activos.
Así también, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), opinó ayer que la condena a 9 años de prisión contra Lula da Silva, obedece a una estrategia conservadora para impedir que retorne el poder.