EFE / DPA

Barcelona

El conflicto institucional entre el Estado español y la región de Cataluña dio ayer un paso más, con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de denunciar por sedición a dos organizaciones independentistas, por los disturbios durante la operación para evitar el referéndum del 1 de octubre.
Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Detalla, asimismo, todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil por orden judicial llevaba a cabo un registro, y en el marco de una operación con catorce detenidos.
La denuncia de la Fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, “conscientes de que dificultarían la intervención policial”, haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía.
Explica que Sánchez pidió ante 40 mil personas que nadie se fuera a casa.
En total, catorce personas fueron arrestadas en una operación ordenada por un juez de Barcelona para participar en los preparativos del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Todos ellos están ya en libertad, tras declarar ante el juez, quien los acusa de malversación, desobediencia y prevaricación por preparar el referéndum secesionista.
Estas detenciones y registros provocaron una importante movilización social en Barcelona, con miles de personas en la calle, que se ha mantenido y replicado en otras zonas de la ciudad.
Varios centenares de estudiantes cortaron ayer una de las vías principales de la ciudad y ocuparon la Universidad de Barcelona para reclamar la celebración del referéndum y en contra del “comportamiento antidemocrático del gobierno español”.
En tanto, el gobierno español desplazará más efectivos de la Policía y la Guardia Civil a Cataluña para reforzar la seguridad en medio de la escalada de tensión por el referéndum independentista.