Europa Press

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado ayer prisión incondicional para el jubilado de Miranda de Ebro que fue detenido este miércoles como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas la Presidencia del gobierno.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno, las acciones que objetivamente se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidencian que en su ánimo está presente “el objetivo de alterar gravemente la paz pública”.
Indica que transmite el mensaje de que se está “ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa”, y añade que busca “obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”.
La decisión del juez va en consonancia con la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, que interesaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para P.G.P., de nacionalidad española y 74 años de edad, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.