Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / Nueva York

Varios fiscales federales de Estados Unidos presentaron ayer su dimisión tras negarse a retirar los cargos por corrupción contra el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, después de que la Administración de Donald Trump les ordenara desestimar el caso alegando que su situación había “interferido indebidamente con la campaña” electoral de cara a los comicios municipales de noviembre.
La fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, Danielle Sassoon, ha renunciado a su puesto tras negarse a retirar los cargos, diciendo que los abogados de Adams “insistían repetidamente en lo que equivalía a un ‘quid pro quo’“ para ayudar a Trump en materia de migración si el caso era desestimado.
A Sassoon se ha sumado el fiscal jefe de la sección de integridad pública de la sede en Washington del Departamento de Justicia, Kevin Driscoll, y el jefe interino de dicha oficina, John Keller. Otros tres fiscales de integridad pública han presentado su dimisión, según fuentes consultadas por varios medios estadunidenses, como las cadenas de televisión CNN y NBC.
La oleada de renuncias por protesta representa el reproche más tajante hasta la fecha contra el equipo de Trump al frente del Departamento de Justicia, que ha pasado sus primeras semanas en el cargo despidiendo a fiscales vinculados a los casos contra el magnate y exigiendo información sobre los miles de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) involucrados en las investigaciones del asalto al Capitolio.
Por otro lado, Adams dijo que permitirá que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ingresen en Rikers Island, que alberga la cárcel más grande de la ciudad.
“Hoy me reuní con el ‘zar de la frontera’ Tom Homan y con funcionarios policiales federales locales para discutir cómo podemos trabajar juntos para eliminar las pandillas de inmigrantes violentos de nuestra ciudad”, dijo Adams en un comunicado.
Mientras, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó ayer un amplio paquete de leyes de migración con el objetivo de implementar la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump.
Los republicanos afirman que la iniciativa coloca a Florida -que durante muchos años fue refugio para migrantes- a la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que llevan a cabo labores para sacar provecho de los recursos estatales y locales para la aplicación de las restricciones de inmigración a nivel federal.
Mientras los partidarios de Trump en las capitales estatales de todo el país se apresuran a cumplir con el punto prioritario en la agenda presidencial, los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los críticos, es inconstitucional.
La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el Gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la migración ilegal.
Por otro lado, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer al antivacunas Robert F. Kennedy Jr como nuevo secretario de Salud y Servicios Sociales por 52 votos a favor y 48 en contra, después de superar uno de los escrutinios más intensos a los que se han sido sometidos los candidatos del presidente Donald Trump.
Además de los previsibles votos en contra de los senadores demócratas, destaca el del antiguo líder republicano de la Cámara Alta, Mitch McConnell, el único de su partido que no ha validado la controvertida propuesta de Trump.