El Congreso de Estados Unidos puso ayer fin al cierre parcial administrativo que desde hace tres días sufren las agencias federales, tras no lograr un acuerdo presupuestario antes de la medianoche del pasado viernes, coincidiendo con el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca.
Trump rubricó con su firma la propuesta aprobada por el Congreso a las 21.00 horas, con lo que dotó de fondos al gobierno para su reapertura tras 69 horas de cierre parcial administrativo.
Los legisladores de ambas cámaras votaron a favor de reabrir el gobierno federal y extender los fondos hasta el 8 de febrero (por lo que no puede descartarse una nueva crisis), así como para proporcionar financiación para el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) durante seis años.
Republicanos y demócratas llegaron ayer a un acuerdo transitorio y frágil para sacar a la administración federal de Estados Unidos del “shutdown” en el que entró la madrugada del sábado ante la falta de fondos para funcionar.
El acuerdo fue aprobado en el Senado por 81 votos a favor y 18 en contra. La Cámara de Representantes, en tanto, ratificó el proyecto con 266 votos a favor y 155 en contra.
El cierre parcial de la Administración entró en vigor en la medianoche del viernes después de que la mayoría de los senadores demócratas, y un puñado de republicanos, bloquearan un proyecto de ley de gastos temporales aprobado por la Cámara de Representantes que habría durado hasta el 16 de febrero.
Quienes se opusieron entonces pedían vincular su apoyo a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, después de que el mandatario pusiera fin al programa con el que el ex presidente Barack Obama protegió a esos inmigrantes de la deportación, conocido como DACA.
El multimillonario puso el 5 de marzo como fecha de expiración del programa e instó al Congreso a buscar antes de entonces una solución definitiva.
Sin embargo, la semana pasada las negociaciones bipartidistas sobre el acuerdo migratorio saltaron por los aires tras las presiones del ala ultraconservadora del Partido Republicano, pese a que el proyecto redactado por los seis senadores negociadores -tres demócratas y tres republicanos- cumplía los requisitos de la Casa Blanca.
Pese a acceder a poner fin al cierre, los demócratas se han comprometido a no votar a favor de una medida de gasto el próximo 8 de febrero a menos que se llegue a un acuerdo sobre cómo garantizar la protección de los “soñadores”, que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
La cesión de los demócratas en el Senado llegó después de que el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, prometiera permitir que un proyecto de ley de inmigración se someta a votación el mes próximo.
Trump celebró el acuerdo alcanzado en el Senado para reabrir la Administración federal en las próximas horas, pero advirtió que solo llegará a un pacto sobre inmigración con el Congreso si lo que le proponen los legisladores “es bueno para el país”.
Sobre las negociaciones de las próximas semanas, los republicanos exigen que los demócratas incluyan en el nuevo acuerdo presupuestario fondos para la construcción del muro fronterizo en México, una de las controvertidas promesas electorales de Trump.
Por su parte, cientos de miles de trabajadores federales continúan suspendidos de empleo y sueldo. Sin embargo, la corta duración del cierre, así como el hecho de que la mayor parte de su duración ocurrió durante un fin de semana, significa que sus efectos serán relativamente mínimos en comparación con el cierre de 16 días que tuvo lugar en 2013.
Trump recibió ayer en la Casa Blanca a seis senadores republicanos conocidos por su posición de línea dura en inmigración, para hablar sobre las negociaciones acerca de esa materia, de las que depende el futuro de cientos de miles de jóvenes indocumentados.
Trump se reunió con los senadores Tom Cotton, John Cornyn, Chuck Grassley, James Lankford, David Perdue y Thom Tillis, conocidos por su línea dura respecto a los indocumentados y su defensa de una restricción de la inmigración legal en Estados Unidos.
Por otro lado, miles de haitianos salieron ayer de nuevo a las calles para rechazar las palabras “racistas” del presidente estadunidense, Donald Trump, y criticar al gobierno local por no fijar su posición sobre los pronunciamientos recientes de este gobernante hacia Haití.