Europa Press

Madrid

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó este martes de la imposición de supuestas condenas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia, secuestrados desde mayo de 2025.
Esta “sentencia” fue anunciada por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN, tras la celebración de un proceso denominado por el grupo armado como “Juicio Revolucionario” contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, a quienes si bien señaló que no se los condenó con la pena capital, sí que ‘dictaminaron’ en su contra ‘condenas’ de 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente.
Esta decisión se debe a que el grupo armado encontró a ambos funcionarios “autores materiales” de “delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” por “desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad” y por la “ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”.
Ambos “procesados”, según indicó uno de los guerrilleros durante la lectura del comunicado que contenía este anuncio, podrán ver rebajada su pena “por comportamiento durante el juicio, la ejecución de la pena, así como por la contribución al esclarecimiento de los hechos y conductas investigadas”. Esta rebaja, añade el grupo, podrá ser de “hasta el 60 por ciento de la condena”.
Mientras, la delegación de paz del gobierno de Colombia rechazó ayer la decisión de la guerrilla del ELN de imponer condenas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios secuestrados desde mayo de 2025 y instó al grupo a su liberación como “gesto humanitario”.
“De nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, indicó la delegación en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.
La Fiscalía recordó que “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado de derecho”.