La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno de Brasil ha aceptado por unanimidad reconocer a la expresidenta Dilma Rousseff como víctima política durante la dictadura militar que rigió el país entre 1964 y 1985.
Rousseff fue detenida en 1970, a la edad de 22 años, mientras militaba en una organización opositora, y no fue liberada hasta tres años después. Durante su encarcelación, la ahora presidenta del Banco de los BRICS, sufrió torturas y una vez liberada siguió siendo perseguida por motivos políticos
El relator del caso, Rodrigo Lentz, ha explicado que además de los daños físicos y psicológicos sufridos, Rousseff vio interrumpida su formación académica y no fue hasta el fin de la dictadura cuando pudo volver a trabajar con normalidad.
Rousseff presentó su solicitud para acogerse a esta amnistía en 2022, sin embargo el proceso fue paralizado mientras ocupara cargos en el Ejecutivo. En 2016 volvió a intentarlo, pero en 2022, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro denegó su demanda.
Este reconocimiento trae consigo una indemnización de 100 mil reales (15 mil 700 euros), que se suma a una de 72 mil reales que recibió (11 mil 300 euros) por parte de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande del Sur –lugares en los que fue torturada–, si bien entonces renunció a ella. (Europa Press / Madrid).

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