El gobierno español de Mariano Rajoy asumió ayer todas las funciones y competencias del Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, destituido al completo después de que el Parlamento de la región aprobara el viernes una resolución para proclamar la independencia.
El cese de Puigdemont y su gabinete se hizo efectivo la madrugada de este sábado al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ofrece nuevos detalles sobre la intervención de la autonomía de Cataluña por parte de Madrid, incluida la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
La “número dos” de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las competencias de Puigdemont y del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Se convierte así en la figura clave de la intervención, que, según el texto, busca “garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos”.
Los 11 consejeros catalanes cesan en sus funciones, que son asumidas por los ministros equivalentes en el Gobierno de Rajoy. También son destituidos los delegados de la “Generalitat” en Madrid y en la Unión Europea (UE), así como el director general de la Policía autonómica (Mossos d’Esquadra), Pere Soler.
Madrid destituye además al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, una medida no mencionada por Rajoy el viernes cuando presentó la intervención. Trapero, una figura mediática desde los atentados yihadistas del 17 de agosto en Cataluña, está cuestionado por su papel en el proceso soberanista e imputado por sedición.
El BOE recoge además el cierre de las representaciones de Cataluña en el extranjero (las llamadas “embajadas”) con excepción de la de Bruselas, además de diversos organismos autonómicos. Fija también la disolución del Parlament en Barcelona y convoca elecciones para el 21 de diciembre. La campaña durará 15 días desde el 5 de diciembre.
La intervención de la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución, una medida drástica e inédita en 40 años de democracia en España, fue aprobada el viernes por el Senado en Madrid con el apoyo del Partido Popular de Rajoy, los socialistas del PSOE (primera fuerza de la oposición) y los liberales de Ciudadanos.
Minutos antes, un pleno del Parlament catalán aprobó una resolución propuesta por los partidos independentistas para iniciar un proceso que acabe en la constitución de una república soberana en un plazo no estipulado, lo que fue interpretado como una declaración unilateral de independencia y celebrado por miles de personas en las calles.
Tras un Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy compareció por la noche para anunciar las medidas acordadas en la intervención. Lo inédito de la situación abre ahora el interrogante de cómo podrá implementarse en la práctica.
El Ejecutivo de Rajoy avisó de que cualquier negativa a dejar el cargo podría entenderse como un delito de usurpación de funciones. Sin embargo, según la prensa española, Puigdemont dio orden de ceder la Generalitat sin ofrecer resistencia.
La preocupación del gobierno se sitúa ahora en las calles. Los sectores más duros del independentismo llamaron a la resistencia civil pacífica y los próximos días podría haber nuevas concentraciones, huelgas o actos de protesta.

Puigdemont mantiene el pulso soberanista

La intervención de la autonomía de Cataluña iniciada ayer por el Gobierno español para poner freno a la crisis independentista chocó desde el primer día contra el ya ex jefe del Ejecutivo regional, Carles Puigdemont, que ignoró las medidas ordenadas por Madrid y mantuvo su plan soberanista.
Horas después de ser destituido junto a todo su gabinete por el Gobierno de Mariano Rajoy, Puigdemont emitió un mensaje institucional junto a las banderas de Cataluña y la Unión Europea (UE) y lo firmó como “President de la Generalitat de Cataluña”, tal como lo presentó también la transmisión de la televisión pública regional TV3.
“Ayer vivimos un día histórico, cargado de sentido democrático y sentido cívico”, sostuvo Puigdemont aludiendo a la votación en la que el Parlament en Barcelona aprobó el viernes una resolución para proclamar una “república soberana” en Cataluña.
Puigdemont criticó que el Ejecutivo de Rajoy respondiera luego ordenando el cese de todo su Govern y convocando elecciones para el 21 de diciembre. “Son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos en nuestro país en las urnas”, sostuvo. “Son los Parlamentos los que escogen y cesan los presidentes”.
Por todo eso, el ex “president” llamó a una resistencia pacífica a la intervención del autogobierno. “Habéis entendido que la etapa en la que hemos entrado la debemos seguir defendiendo”, dijo a los catalanes. “No nos desviemos”.
El hombre que abrió la crisis institucional más grave de la democracia española reclamó “paciencia, perseverancia y perspectiva” y llamó a una “oposición democrática” contra la intervención “sin abandonar una conducta cívica y pacífica”.
La llamada de Puigdemont a seguir adelante como si nada hubiera pasado confirma uno de los temores de Madrid -que las autoridades catalanas destituidas no reconozcan la intervención- y abre un escenario con final abierto que podría ir desde la instalación de una legalidad paralela en Cataluña hasta la detención de Puigdemont.
“Esto es gravísimo. La irresponsabilidad de Puigdemont no tiene límites”, escribió de inmediato la cuenta de Twitter del Partido Popular (PP) de Rajoy. El Gobierno, sin embargo, evitó comentar el mensaje. Fuentes de Moncloa consideraron que “la calificación de sus conductas corresponde al ámbito judicial”.
En el “día uno” de la supuesta república y de la intervención de Madrid, sin embargo, las calles de Cataluña mostraban ayer una mezcla de cotidianeidad e incertidumbre. “Hoy es todo normal, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar”, resumió Joan, un ingeniero de 43 años, a la agencia DPA en Barcelona.
En Madrid, en cambio, miles de personas se concentraron ayer en el centro de Madrid para defender la unidad de España. Barcelona acogerá hoy otra manifestación “unionista” convocada por Sociedad Civil Catalana, la entidad que hace tres semanas reunió a cientos de miles de personas contra la independencia en la capital catalana.