El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex mandatario Alberto Fujimori por Navidad comenzó ayer a cobrarse sus primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.
Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”, mientras que Sánchez señaló que le resulta “insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.
Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.
Así también, el viceministro de Seguridad Pública peruano, Ricardo Valdés, renunció al cargo, al igual que el ministro del Interior, Carlos Basombrío (el viernes pasado), después de que Kuczynski se salvó de ser destituido por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht, según informó ayer un portavoz del ministerio.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.
Aprodeh hizo la solicitud como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los procesos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
En 1992, el grupo militar encubierto Colina ingresó a los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se vuelva a saber de su paradero.
En medio de ese clima, Alberto Fujimori pidió perdón, en un vídeo colgado en Facebook, por haber “defraudado” a una parte de sus compatriotas durante su gobierno (1990-2000) y agradeció el indulto.
“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo el ex presidente desde la clínica donde permanece internado desde el viernes pasado.
Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de evitar su destitución por el Congreso, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido al mandatario indultar a su padre.
Por su parte, el partido peruano Fuerza Popular (FP) anunció ayer que seguirá proceso disciplinario a 10 congresistas que no apoyaron la destitución de Kuczynski, pese a que su actitud desencadenó el indulto para el líder histórico del sector, el ex mandatario Fujimori.
En un mensaje televisado, Kuczynski llamó el lunes “errores” a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró ayer que “se actuó con veracidad y apego a las normas” en el proceso de indulto.
Por su parte, la Comisión de Gracias Presidenciales llegó a la conclusión de que el ex gobernante es “una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable”.
Fujimori salió ayer de la unidad de cuidados intensivos en que estaba internado desde el sábado y pasó a una habitación de la misma clínica privada, confirmó ayer su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.
“(Fujimori) está en evolución. Su problema es cardiológico. Lo que lo ha tenido al borde de la muerte es una fibrilación auricular, con grave riesgo de haber tenido un paro cardíaco”, dijo Aguinaga, ex ministro, ex congresista y uno de los principales dirigentes del fujimorismo.
Por otro lado, Alfredo Crespo, el abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió ayer la liberación de su defendido tras la concesión, el domingo pasado, de un indulto humanitario a Fujimori.
“A igual razón, igual derecho”, afirmó Crespo tras asegurar que Guzmán “ya tiene más de 25 años en aislamiento absoluto” en su prisión de la base naval de la provincia limeña del Callao.
Crespo agregó que el fundador de Sendero Luminoso “es una persona de 83 años de edad, que tiene varias dolencias de salud, presión arterial, corazón, artritis reumatoidea, secuelas de la psoriasis y estomacales”.
En tanto, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) lamentó ayer el indulto y derecho de gracia concedido en Perú a Fujimori (1990-2000).