Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, una medida que necesitará el visto bueno del Congreso estadunidense, y que busca devolver las competencias educativas a los estados federales.
“Cuando el presidente Carter creó el Departamento de Educación en 1979, los miembros de su propio gabinete se opusieron”, ha rememorado el magnate, agregando que “tras 45 años” de aquella medida Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país” y, pese a ello, no obtiene resultados satisfactorios.
En este sentido, Trump ha argumentado que el país está a la cola en asignaturas como en matemáticas. “Devolveremos la (gestión de la) educación a los estados, donde le corresponde. Es algo popular, pero muy importante: de sentido común”, ha agregado.
El magnate, que calificó de “histórica” la medida, defendió el decreto –que insta a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar “todas las medidas necesarias” para facilitar el cierre de la agencia federal– rodeado de niños y niñas sentados en pupitres de colegio.
“El Departamento de Educación administra actualmente una cartera de préstamos estudiantiles de más de 1.6 billones de dólares. Esto significa que el programa federal de ayuda estudiantil es aproximadamente del tamaño de uno de los bancos más grandes del país, Wells Fargo”, señala la orden ejecutiva.
Asimismo, ha precisado que Wells Fargo tiene más de 200 mil empleados frente a Educación, que cuenta con mil 500 funcionarios en la oficina dedicada al estudiante. “El Departamento de Educación no es un banco”, agrega el texto.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicado más pronto en una rueda de prensa que el Departamento de Educación seguirá gestionando préstamos estudiantiles, becas o ayudas, y que el objetivo de la medida es “reducir” el grueso de sus funciones.
“No necesitamos gastar más de tres billones a lo largo de varias décadas en un departamento que claramente ha fracasado en su intención inicial de educar a nuestros estudiantes”, ha dicho en alusión a la medida, que implicará que la mayor parte de las funciones de la agencia sean transferidas a otros departamentos.
El decreto, que tendrá que superar el bloqueo en el Senado, responde a las promesas electorales de Trump de reducir considerablemente la estructura estatal, una política que ha tenido su epicentro en la polémica oficina de “eficiencia gubernamental” liderada por el multimillonario Elon Musk.
“Cerrar el Departamento no implica cortar los fondos a quienes dependen de ellos: seguiremos apoyando a los estudiantes desde primaria y secundaria, a aquellos que tienen necesidades especiales, a los universitarios y otros que dependan de programas esenciales”, reza un comunicado del propio departamento.
En este sentido, ha resaltado que el objetivo es “eliminar la burocracia de forma responsable”. Para ello, buscarán “trabajar” con el Congreso “para garantizar una transición legal y ordenada”. Con la medida de ayer, damos un paso importante para que los padres y los estados tengan control sobre la educación de sus hijos”, ha zanjado.
Más ayer, el senador republicano Bill Cassidy, por Luisiana y presidente de la comisión de Salud, ha informado de que presentará una ley al respecto. “Dado que el Departamento solo puede cerrarse con la aprobación del Congreso, apoyaré los objetivos del presidente presentando una legislación para lograrlo lo antes posible”, ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.
Por otro lado, una jueza de Estados Unidos bloqueó ayer la deportación de un investigador de la Universidad de Georgetown que fue detenido a principios de esta semana por la Administración Trump tras ser acusado de difundir propaganda del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La orden de la jueza de distrito Patricia Tolliver Giles prohíbe la deportación de Badar Jan Suri, profesor visitante de nacionalidad india, “a no ser que o hasta que el tribunal emita una orden contraria”, según recoge la cadena de televisión estadunidense CBS.
Mientras, la Fiscalía de Estados Unidos anunció ayer “cargos severos” contra tres responsables de ataques “terroristas” sobre instalaciones de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, ahora consejero del presidente Donald Trump y responsable del Departamento de Eficiencia, encargado de los recortes.
“Se acabaron los días de cometer delitos sin consecuencias”, ha anunciado la fiscal general, Pamela Bondi, quien ha prometido que sobre los tres acusados caerá todo el peso de la ley por estos hechos de “terrorismo doméstico”.
Bondi confía en que esta medida “sirva de advertencia” para todos aquellos que pretendan sumarse “a esta ola de terrorismo doméstico contra las propiedades de Tesla”. En ese caso, “el Departamento de Justicia los pondrá tras las rejas”, ha enfatizado la nueva fiscal general de Estados Unidos.
Los tres se enfrentan a penas que van desde los cinco a los veinte años de prisión, informa el Departamento de Justicia en un breve comunicado, en el que se detalla que los acusados lanzaron cócteles molotov sobre instalaciones y vehículos de Tesla en Colorado, Oregón y Carolina del Sur.
Por otro lado, una jueza federal bloqueó temporalmente ayer al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Musk de acceder a los sistemas de la Administración del Seguro Social que contienen datos personales de millones de estadunidenses.
La decisión de la jueza federal de distrito Ellen Hollander de Maryland también exige al equipo que elimine cualquier dato personal identificable que puedan tener. Esto ocurre después de que los sindicatos y los jubilados solicitaran una orden de emergencia que limite el acceso del DOGE a la agencia y sus vastos depósitos de datos personales.