Estados Unidos volvió ayer a autorizar la entrada de refugiados al país, que llevaba 120 días paralizada, pero ordenó reforzar el escrutinio de sus solicitudes y excluyó del proceso a los ciudadanos de 11 naciones no identificadas, cuyas peticiones se verán retrasadas durante al menos tres meses.
El presidente estadunidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que autoriza a su gobierno reanudar el procesamiento de solicitudes de refugiados, el mismo día en que caducaba el plazo de 120 días impuesto en un veto migratorio que entró en vigor en junio.
“Reanudar de forma general” la entrada de refugiados “es coherente con la seguridad y el bienestar de Estados Unidos”, dijo en su decreto Trump, que desde su campaña electoral insistió en que entre los solicitantes de refugio podrían ocultarse terroristas.
La paralización de la entrada de refugiados durante 120 días, un plazo que expiró ayer, tenía como objetivo declarado el dar tiempo al gobierno para revisar el proceso de trámite de las solicitudes de refugio en Estados Unidos, que de por sí ya es muy estricto y puede durar años.
Como resultado de esa revisión, el gobierno de Trump anunció ayer que aplicará nuevas medidas de seguridad, que incluyen la recolección de más datos biográficos de los solicitantes de refugio, y un mayor escrutinio de su historial en las redes sociales, para compararlo con las historias que presentan en sus solicitudes.
“Estas medidas mejoradas de escrutinio son esenciales para la seguridad de Estados Unidos”, aseguró en un comunicado la secretaria interina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke.
Al margen de ese proceso quedarán los refugiados de 11 países, que Estados Unidos no ha querido identificar y que pueden “presentar potencialmente un mayor riesgo” para el país, según un documento firmado por Duke; el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats.
La lista de esos países supuestamente amenazantes comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se actualizó por última vez en 2015, según el documento.

Guerra de Trump y senador domina reunión republicana sobre plan fiscal

La guerra de descalificaciones mutuas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador Bob Corker dominó ayer el ambiente previo y posterior al almuerzo que los republicanos celebraron en el Capitolio para abordar el plan fiscal del mandatario.
Los dos, Trump y Corker, asistieron al almuerzo a puerta cerrada y se fueron sin hacer declaraciones a los periodistas tras la guerra dialéctica que iniciaron a primera hora del día.
Enfrentados desde hace tiempo, ayer Corker aconsejó a Trump mantenerse al margen de la elaboración del plan fiscal y dejarlo en manos de “los profesionales”, una sugerencia a la que el mandatario respondió con insultos al senador republicano en su cuenta de Twitter.
Corker, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, no se quedó callado tras los insultos y cuestionó la capacidad de Trump para gobernar, además de acusar al presidente de “degradar” a Estados Unidos.
Por otro lado, un hombre fue detenido ayer por arrojar banderas rusas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se dirigía a un almuerzo con senadores republicanos en el Congreso en Washington para abordar sus planes de reforma fiscal.
El manifestante, identificado como Ryan Clayton, de 36 años, lanzó las banderas, en las que figuraba escrita la palabra “Trump”, al gritó de “¡Trump es traición!”.
Así también, el Partido Demócrata de Estados Unidos y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton financiaron la investigación que se filtró después de los pasados comicios a la Casa Blanca sobre los posibles vínculos entre Trump y el Kremlin, según informó ayer The Washington Post.
El rotativo capitalino, que cita fuentes conocedoras del asunto bajo condición de anonimato, publicó que el Partido Demócrata y la campaña de Clinton contrataron a través del abogado Marc E. Elias los servicios de la firma Fusion GPS de Washington para dicha investigación.
En tanto, Estados Unidos acusó ayer a Rusia de apoyar el uso de armas químicas contra “mujeres y niños” por parte del régimen sirio de Bachar al Assad, después de que Moscú vetara en el Consejo de Seguridad de la ONU una prolongación del mandato del grupo de expertos que investigan ese tipo de ataques en Siria.