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Buenos Aires / Lima /?Bogotá

Varios países del continente americano reforzaron ayer la presión internacional sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al anunciar que desconocerán los resultados de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente de este domingo.
“El gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una Asamblea Constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”, dijo el Gobierno en un comunicado.
El gobierno de Mauricio Macri, enemigo político del presidente Maduro, afirmó que la elección de la jornada “no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización” y pidió al presidente venezolano que “cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces”.
De igual modo, el gobierno de Brasil lamentó ayer por medio de un comunicado oficial la decisión del Gobierno de Venezuela de llevar adelante esta elección a pesar del pedido de cancelación por parte de la comunidad internacional.
El comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, puntualizó que “la iniciativa del presidente Nicolás Maduro viola el derecho al sufragio universal, le falta el respeto al principio de la soberanía popular y confirma la ruptura del orden institucional en Venezuela”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió por su parte un comunicado diciendo que el país desconoce estos comicios “contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente y que profundizan la crisis” en Venezuela.
“Las medidas instrumentadas a lo largo del día, que sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica y el trabajo de la prensa, reflejan el nivel de intolerancia que prevalece a lo largo del país”, añadieron las autoridades en el comunicado, apoyando las versiones de la oposición venezolana respecto a la represión de las manifestaciones durante la jornada.
El gobierno peruano calificó el proceso electoral como “ilegítimo” y consideró que “viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo representado en la Asamblea Nacional”.
En un comunicado, la Cancillería en Lima condenó además “la represión violenta que hasta el momento ha causado más de un centenar de muertos” en cuatro meses de crisis en Venezuela y exhortó a Maduro “a garantizar la pronta instalación de un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático”.
El gobierno de Costa Rica advirtió ayer que desconoce y considera “nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular” los resultados de los comicios celebrados este domingo en Venezuela.
El país centroamericano llamó “a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados y, al gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional”.
El gobierno de Colombia rechazó ayer “la represión y la violencia” durante la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela y señaló que la instalación de ese órgano producirá “una ruptura de la convivencia democrática”.
“La instalación por la fuerza de una ilegítima asamblea constituyente llevará a Venezuela a una ruptura de la convivencia democrática, destruyendo sus valores republicanos, y profundizará la polarización y la confrontación que vive el país”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería señaló que “condena enérgicamente la represión y la violencia generadas por las fuerzas del Estado en Venezuela”, así como “el uso desproporcionado de la fuerza, de gases y perdigones, los allanamientos y las detenciones durante la jornada electoral”.
El gobierno colombiano hizo un nuevo llamado para “restablecer el orden constitucional” y recomendó “un acuerdo político negociado que permita crear las bases para superar la grave crisis política, económica y social en la que está sumergido el país”.
Trece países miembros de la OEA habían instado esta semana a Maduro a suspender la elección: Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Estados Unidos anunció además la imposición de sanciones contra 13 funcionarios del Estado venezolano. “Esta es la patria de los libertadores, eso no lo podrá entender el emperador Donald Trump, él da órdenes como emperador que es y salen sus vasallos, sus esclavos, el Gobierno de Colombia, de México y de Panamá. ¡Esclavos! Arrodillados a las órdenes del imperio norteamericano de Donald Trump, a cumplir sus órdenes. No tienen límites para hacer el ridículo”, dijo Maduro en respuesta a la presión internacional.
El 21 de julio, el Mercosur hizo un fuerte llamado a la paz en Venezuela y envió una nota a Maduro en la que lo instó a entablar un diálogo urgente con el bloque con el fin de buscar soluciones para el restablecimiento del orden democrático e institucional.
Del otro lado de la balanza, el presidente boliviano, Evo Morales, ha dicho que se mantendrá leal al gobierno de Maduro por tratarse de un mandatario “elegido con votos”.
Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el abogado chileno José Miguel Vivanco, aseguró que en Venezuela hay una “vulgar dictadura cívico-militar”. Maduro “concentra todo el poder y abusa de él”, dijo en declaraciones que recoge ayer el diario chileno El Mercurio.
Vivanco calificó de “sorprendente y desilusionante” la posición de la presidenta Michelle Bachelet, porque en recientes declaraciones no fue “capaz de calificar las cosas en Venezuela de acuerdo a los hechos” e insiste en que la fórmula para salir de la crisis en ese país “sea un supuesto diálogo entre las partes”.