Agencia Reforma

Ciudad de México

Los ataques incendiarios contra centros de tratamiento del ébola en el este del Congo subrayan los serios retos a los que se enfrentan las autoridades, incluida una reacción adversa en comunidades locales, mientras intentan frenar un brote de la enfermedad infecciosa que ha sido declarado una emergencia sanitaria mundial.
Las autoridades congoleñas informaron el domingo que los casos sospechosos ya han superado los 900 en el este del país, principalmente en la provincia de Ituri, donde se concentra el brote en curso.
El incendio la semana pasada de los centros en dos localidades en el corazón del brote dejó al descubierto la ira en una región asediada por la violencia, la cual está vinculada a grupos insurgentes armados, así como el desplazamiento de un gran número de personas, el fracaso del gobierno local y los recortes en la ayuda internacional que, según expertos, han despojado de recursos a los centros de salud en comunidades vulnerables.
“Converge un conjunto devastador de emergencias”, manifestó la organización sin fines de lucro Physicians for Human Rights.
La región está amenazada constantemente por la violencia
Durante años, en el este del Congo se han producido ataques de decenas de grupos rebeldes y milicianos independientes unos de otros, algunos de ellos con vínculos con países extranjeros o con el grupo extremista Estado Islámico (EI).
Los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, controlan distintas partes de la región. Si bien el gobierno congoleño aún controla en gran medida la provincia nororiental de Ituri, el epicentro del brote de ébola, ese control es precario.
Las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo islamista ugandés vinculado al EI, es uno de los grupos rebeldes dominantes en la zona y responsable de ataques violentos contra objetivos civiles.
Antes del brote, Médicos Sin Fronteras dijo en una evaluación que la inseguridad en Ituri había empeorado recientemente, lo que provocó que médicos y enfermeras huyeran y dejaran centros de salud desbordados y, en algunas partes, “condiciones catastróficas”.
La oficina humanitaria de la ONU dice que casi un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares por el conflicto en Ituri.
Eso significa que este brote de ébola se “desarrolla en comunidades que ya enfrentan inseguridad, desplazamiento y sistemas de atención de salud frágiles”, afirmó Gabriela Arenas, coordinadora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Hay preocupaciones de que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campamentos de desplazados cerca de la ciudad de Bunia, donde se reportaron los primeros casos.
El ministerio de Comunicación congoleño dijo el domingo en una publicación en X que había 904 casos sospechosos y 119 muertes sospechosas, en su mayoría en Ituri.
Eso fue un importante aumento respecto de los más de 700 casos sospechosos de ébola anunciados previamente, aunque las muertes sospechosas se revisaron a la baja respecto de las más de 170 anunciadas anteriormente. Hasta el momento, el cambio en el número de fallecimientos no ha podido explicarse.
También se han reportado casos en otras dos provincias orientales, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde los rebeldes del M23 mantienen el control, y también en el país vecino de Uganda.
Como resultado, el brote en el Congo es gestionado por el Gobierno y en parte por autoridades rebeldes, con una serie de agencias de ayuda que también colaboran.
Expertos en salud dicen que los recortes en la ayuda internacional realizados el año pasado por parte de Estados Unidos y otras naciones ricas fueron devastadores para el este del Congo debido a sus múltiples problemas.
Los grupos de ayuda que combaten este brote sobre el terreno afirman que no tienen el equipo que necesitan, como protectores faciales y trajes para proteger a los trabajadores de salud de la infección, kits de pruebas, y bolsas para cadáveres y otros materiales necesarios para enterrar de manera segura los cuerpos de las víctimas, que pueden ser altamente contagiosos.
“Hemos hecho solicitudes a diferentes socios, pero, en realidad, todavía no hemos recibido nada”, dijo Julienne Lusenge, presidenta de Solidaridad de las Mujeres por la Paz y el Desarrollo Inclusivos, un grupo de ayuda que opera un pequeño hospital cerca de Bunia.
“Sólo tenemos desinfectante de manos y unas pocas mascarillas para las enfermeras”, dijo.

Dificultades en las pruebas

Los responsables de salud están intentando rastrear a miles de personas que podrían haber estado expuestas, a medida que las infecciones se propagan por zonas mineras remotas y centros urbanos como Bunia y Goma, ciudades con poblaciones cercanas a los 700 mil y 860 mil habitantes, respectivamente.
Las últimas cifras del Ministerio sugieren que la transmisión confirmada se está extendiendo más allá del centro minero de oro de Mongbwalu, que inicialmente se consideró el epicentro. Si bien Mongbwalu sigue siendo el mayor foco sospechoso, las infecciones confirmadas se concentran cada vez más en las zonas sanitarias circundantes, incluidas Rwampara y Bunia.
La OMS ha avisado la débil vigilancia y la escasa capacidad de los laboratorios están obstaculizando la respuesta, antes de alertar que la plataforma de diagnóstico GeneXpert, ampliamente utilizada durante brotes anteriores de ébola, no puede detectar la cepa bundibugyo. Los kits de PCR específicos para el virus también escasean, según informó Médicos Sin Fronteras (MSF).
Los países deberían, según la OMS, ampliar rápidamente las pruebas de laboratorio, el rastreo de contactos y la divulgación comunitaria. (Europa Press).