Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / Washington

El juez federal George O’Toole ha permitido ayer que la Administración de Donald Trump avance con el plan de dimisión voluntaria de funcionarios federales, en el marco de su programa para reducir el tamaño del gobierno.
O’Toole ha indicado que los sindicatos de empleados federales, que habían presentado una demanda en nombre de sus miembros, no se ven afectados directamente por el programa y, por tanto, carecen de legitimidad para presentar este caso, informa la cadena de televisión estadunidense CNN.
Este mismo juez había emitido el lunes una orden de restricción temporal del programa de cara a recibir argumentos legales sobre el caso. Su decisión es una victoria para el gobierno de Trump, que se encuentra luchando en los tribunales para poder aplicar varias de sus órdenes ejecutivas, detenidas en una serie de fallos preliminares y medidas cautelares.
Trump quiere utilizar incentivos financieros para alentar a los empleados públicos a que renuncien. Según la Casa Blanca, decenas de miles de trabajadores han aceptado la oferta del gobierno.
Antes de conocer el fallo de O’Toole, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha respondido a quienes consideran que estos fallos son una evidencia de que Trump está excediendo su autoridad y empujando al país a una crisis constitucional, considerando que dichas órdenes son una “continuación de la politización de la Justicia” y que los medios de comunicación están “infundiendo miedo” con una “narrativa extremadamente deshonesta”.
“La verdadera crisis constitucional está teniendo lugar dentro de nuestro Poder Judicial, donde los jueces de los tribunales de distrito y los distritos liberales de todo el país están abusando de su poder para bloquear unilateralmente la autoridad ejecutiva básica del presidente”, ha declarado durante una rueda de prensa.
Por otro lado, la jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre los límites del poder presidencial y su temor de que funcionarios del gobierno puedan burlar las decisiones judiciales.
“Nuestros fundadores estaban empeñados en garantizar que no tuviéramos una monarquía. Y la primera forma en que pensaron en ello fue darle al Congreso el poder sobre el dinero”, dijo el martes en una universidad de Florida.
La jueza dejó en claro que estaba hablando de manera general, pero sus palabras adquirieron un tono más revelador en el actual contexto de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para detener programas federales y las decenas de impugnaciones legales que le siguieron.
En las primeras semanas de su nuevo gobierno, Trump ha argumentado que tiene libertad para erradicar lo que él llama fraude y despilfarro en el gobierno federal, incluso ante las órdenes del Congreso de gastar partidas presupuestarias.
Por otro lado, el Senado de Estados Unidos ha aprobado ayer el nombramiento de Tulsi Gabbard como nueva directora de Inteligencia Nacional pese a sus polémicos comentarios sobre la guerra de Ucrania y su cuestionado encuentro con el expresidente sirio Bashar al Assad en 2017.
En total, 52 senadores han votado a favor, mientras que 48 se han mostrado en contra. Quien fuera líder de la mayoría republicana durante el mandato del expresidente Joe Biden, Mitch McConnell, se ha unido a los demócratas en su rechazo a Gabbard, según la cadena CNN.