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Madrid

La Fiscalía española dio ayer un paso decisivo contra el referéndum soberanista convocado de forma unilateral por el Gobierno de Cataluña –y prohibido por la Justicia– al pedir que se cite como imputados a los más de 700 alcaldes de la región que en los últimos días apoyaron la consulta, fijada para el 1 de octubre.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que investiguen a los alcaldes afines a la votación sobre la independencia y ordenó a la policía su detención en caso de que no acudan a declarar.
El papel de los ayuntamientos es clave en la consulta, ya que la cesión de locales electorales es necesaria para su celebración.
En un comunicado, el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al Gobierno catalán de la coalición Junts pel Sí, anunció que sus alcaldes no obedecerán a la Fiscalía.
El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días cautelarmente la convocatoria del referéndum, prohibiéndolo “de facto”, y advirtió de que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.