Europa Press

Madrid

La Fiscalía de Perú ha comenzado una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, quien ejercía como jefe de la oficina legal del Congreso, por estar detrás tanto de una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento como del asesinato de quien era su socia, la abogada Andrea Vidal, muerta este martes.
Ambos lideraban una trama en la que Saravia se encargaba de encontrar prostitutas y Vidal de acomodarlas dentro del Congreso haciéndolas pasar por secretarias o asesoras, según un reportaje de la cadena de televisión Willax.
El presidente de la Comisión de la Fiscalización del Congreso, el diputado Juan Burgos, sostiene que la presunta trama estaba motivada para conseguir el voto de los parlamentarios en los distintos temas a debatir, por lo que se descarta el dinero como móvil de todo este asunto, recoge la prensa peruana.
La colaboración de Saravia y Vidal se iría al traste hace unas semanas cuando ambos se pelearon. El 9 de diciembre, el coche en el que viajaba ella era tiroteado por un grupo de sicarios en el distrito La Victoria, en Lima. El conductor murió en el acto, mientras que ella murió este martes tras siete días de agonía.
Saravia, abogado de profesión, llegó al Congreso en 2020 de la mano de Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, uno de los partidos que sostiene a la muy cuestionada presidenta Dina Boluarte. En su pasado consta un delito de violencia sexual, que él mismo reconoció, pero que no fue juzgado.
Por su parte, Burgos ha adelantado que la comisión que preside se reunirá de urgencia este viernes para analizar toda esta situación y se citará a declarar a tanto a Saravia, cuyo paradero se desconoce, como a Valdez, debido a su cercanía.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional de Perú anuló ayer la condena de tres años y seis meses de cárcel dictada contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por un delito de corrupción relacionado con irregularidades en la construcción de un aeródromo cuando ejercía como gobernador de Junín, en 2014.
El Constitucional ha fallado así a favor de un habeas corpus presentado por la defensa de Cerrón alegando que la decisión de la sala de apelaciones de Junín supuso una “clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales”.
El líder de Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia, ha asegurado en un mensaje publicado en la red social X que el Tribunal Constitucional del país latinoamericano “es en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia peruana”.
Cerrón estaba perseguido por un delito de colusión simple por el caso Aeródromo Wanka. Es líder del partido del expresidente peruano Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre de 2022 después de un intento de disolver el Parlamento tras menos de 500 días en el poder.