Redacción / Europa Press

Gaza / Madrid

La Junta de Paz para Gaza, impulsada por el gobierno de Donald Trump, planea otorgarse una amplia inmunidad jurídica absoluta y la facultad de confiscar propiedades públicas palestinas de forma gratuita. Un proyecto de resolución revelado este 27 de junio por el diario británico The Guardian detalla las prerrogativas de este organismo encargado de administrar el enclave tras la ofensiva militar israelí.
El plan coincide con la propuesta formulada por Trump en febrero de 2025 de apoderarse de la Franja, expulsar a sus dos millones de habitantes y reconstruir la zona como la “Riviera de Oriente Medio”, según informa TeleSur.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas autorizó a esta Junta de Paz para supervisar la administración de Gaza hasta el 31 de diciembre de 2027. El borrador del documento extiende la protección frente a arrestos, detenciones o procedimientos legales en tribunales locales a los miembros de la junta y a su filial administrativa, la Oficina del Alto Representante, encabezada por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov. El blindaje judicial alcanza a los tecnócratas palestinos designados para la gestión, a las tropas de la Fuerza Internacional de Estabilización y a los contratistas no residentes.
Especialistas en derecho internacional advierten que las actividades del organismo son ilegales debido a que consolidan la ocupación de Israel tras el genocidio contra la población palestina. La junta ejecutiva del ente está integrada por siete miembros, entre los que figuran el yerno de Trump, Jared Kushner; el enviado especial Steve Witkoff; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. Witkoff y Kushner poseen inversiones inmobiliarias en Nueva York y podrían beneficiarse financieramente de la reconstrucción junto a empresarios israelíes.
Por otro lado, la Fundación Hind Rajab presentó una petición formal al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que impute al ultranacionalista ministro de Seguridad israelí por crímenes de guerra y genocidio como responsable de incitar a la tortura, a la violación, al asesinato y al exterminio durante su desempeño del cargo desde el estallido de la guerra de Gaza.
Ben Gvir, uno de los extremistas más virulentos del gabinete israelí, llamó en numerosas ocasiones al desplazamiento forzado de toda la población de Gaza y, de un tiempo a esta parte, fue acreedor de la condena internacional por maltratos a miembros de flotillas humanitarias y proponer la destrucción total de Líbano como castigo colectivo por el conflicto entre Israel y Hezbolá. Ben Gvir es un acérrimo defensor del colonialismo en los territorios palestinos ocupados y protagonizó numerosas incursiones en la Explanada de las Mezquitas. (Con informa-ción de Agencias).