La Justicia belga aplazó ayer la decisión sobre la posible entrega a España del ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros investigados por presuntos delitos vinculados a su plan independentista, al tiempo que fijó una nueva cita sobre el caso el 4 de diciembre.
Así lo informó ayer una portavoz de la Fiscalía en Bruselas después de que los cinco imputados declararan durante algo más de una hora ante un juez de primera instancia que debe decidir si acepta o no la orden europea de detención enviada por la Audiencia Nacional española a la Justicia belga.
La nueva vista el 4 de diciembre servirá para que los abogados presenten sus alegaciones, pero la decisión del juez podría demorarse a partir de entonces otros diez días. Como puede ser recurrida hasta en dos instancias superiores, el proceso podría extenderse aún varias semanas.
Según Jaume Alonso Cuevillas, uno de los abogados, el fiscal belga consideró ayer durante la vista que “lo normal es cumplir la orden” y recomendó cumplir con la extradición. Consultada varias veces por este punto, sin embargo, la portavoz de la Fiscalía evitó confirmar o desmentir esa información.
El letrado aseguró también que “el fiscal descarta que exista corrupción”. Puigdemont y los ex consejeros son investigados por rebelión (castigado con hasta 30 años de cárcel), sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, de los cuales solo este último fue al parecer descartado por la Fiscalía belga.
Con la decisión aún pendiente, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, mostró ayer su confianza en la Justicia belga. “Confío en el poder judicial y, sobre todo, lo respeto y acato sus decisiones”, dijo tras participar en la cumbre social de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia. “Esto es uno de los valores básicos y de los principios fundamentales de la UE”.
Puigdemont y los cuatro ex consejeros se desplazaron a Bélgica de forma inesperada después de que el Gobierno español interviniera la autonomía de Cataluña, destituyera al “Govern” y convocara elecciones para el 21 de diciembre en respuesta a la declaración independentista aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre.
Todos los miembros del gobierno catalán destituido fueron imputados luego por rebelión, sedición y malversación debido al proceso soberanista y la votación del Parlament que lo culminó.
Además de Puigdemont, la orden afecta a Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Lluís Puig, ex responsables de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura, respectivamente.
Los cinco se entregaron a la Policía belga el 5 de noviembre y, tras ser interrogados, quedaron en libertad vigilada y sin permiso para salir del país hasta que se decida su entrega a España, un proceso que comenzó con su declaración hoy pero que podría extenderse incluso varias semanas.
El jueves se supo que la Justicia belga pidió a España diversos datos sobre las cárceles en que ingresarían los imputados y sus condiciones, incluyendo cuántas comidas recibirían. Madrid respondió con todos los detalles. Bélgica “quedará gratamente impresionada”, señaló el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido.
Parece en todo caso improbable que Puigdemont vuelva a España antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña, donde el ex “president” repetirá como primer candidato de su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).
La nueva vista fijada ayer en Bruselas se dará un día antes de que empiece la campaña a los comicios el 5 de diciembre.