DPA / EFE

Curitiba (Brasil) / Brasilia

La Justicia brasileña abrió ayer un nuevo juicio contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado recientemente en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por corrupción.
El juez Sérgio Moro, a cargo de los procesos de la macrocausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”), aceptó una denuncia de la fiscalía que acusa a Lula de haber aceptado sobornos de las constructoras Odebrecht y OAS en relación con un inmueble en la localidad de Atibaia, en el estado de Sao Paulo, usado por el ex mandatario.
El juicio es el sexto abierto contra Lula en el marco de “Lava Jato” y el tercero que lleva el tribunal de Moro en la sureña ciudad de Curitiba, sede de los principales procesos de esa causa.
Según la última acusación, el ex presidente se benefició de reformas por valor de más o menos un millón de reales (320 mil dólares) hechas en el inmueble de Atibaia que frecuentaban su familia y él, a cambio de favorecer a Odebrecht y OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.
Moro condenó en junio ya a Lula por corrupción en relación con otro inmueble, un apartamento de lujo reformado para Lula por OAS en la costa de Sao de Paulo. El juez consideró como probado que el ex presidente aceptó los sobornos.
Un tribunal de segunda instancia debe decidir aún definitivamente sobre esa condena, ya recurrida por Lula, que niega los cargos en todos los juicios.
Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, expresidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.
Por otro lado, la Fiscalía brasileña prorrogó ayer por un año más la operación “Lava Jato”, que comenzó en 2014 y desveló la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras, que luego llevó a descubrir tramas similares en países de América Latina y África.
En tanto, la Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer sus sesiones tras un receso de dos semanas y también reinició el trámite previo a la votación en que este miércoles decidirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio penal por corrupción.