El presidente depuesto del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó ayer oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española el pasado 3 de noviembre contra los cinco ex miembros del cesado gobierno de la Generalitat de Cataluña.
La cita es a las 13.00 horas y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía.
Los cinco políticos son reclamados por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Entre las restricciones a su libertad se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.
En declaraciones, la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch señaló que se propuso la libertad condicional porque “para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad”.
“Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración”, añadió.
Preguntada por posibles presiones del gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe “total independencia del poder judicial” y que el juez actuó “con total independencia”.
Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los ex consejeros para hablar con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas.
Por su parte, el ex presidente de la Generalitat y los cuatro ex consejeros rechazaron ante el juez de instrucción su entrega a las autoridades españolas.
Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los ex consejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía.
Por su parte, el gobierno de España manifestó ayer “máximo respeto” por la decisión de un juez belga de dejar en libertad condicional al ex presidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia española.

“Hay falta de independencia” en la Justicia española, afirma el presidente destituido

Mientras aguarda a que se resuelva su situación judicial en Bruselas, Puigdemont arremetió ayer contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy y acusó a la Justicia española de “falta de independencia y neutralidad”.
En un artículo publicado en el diario catalán The Guardian, Puigdemont acusó al gobierno español de “cometer una brutal ofensiva judicial” para llevar a cabo un “encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos”.
El líder independentista denunció “una clara falta de independencia y neutralidad” en la Justicia española y aseguró que seguirá “denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que son ahora evidentes en España”.
En su artículo, Puigdemont denunció que la “Justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del gobierno” y pidió “justicia real” para él y sus ex compañeros de gobierno, ocho de los cuales están en prisión provisional en España por presuntos delitos relacionados con el desafío independentista catalán.
Puigdemont envió ayer un mensaje a través de Twitter de apoyo a los ex consejeros catalanes que permanecen encarcelados en España “injustamente”, según dijo.
“En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática”, escribió Puigdemont en esa red social.
Por otro lado, Puigdemont y todos los ex consejeros podrán presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre, aunque algunos de ellos estén en prisión provisional.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que todos tienen sus derechos políticos “intactos” y, por tanto, pueden concurrir como candidatos.
Por otro lado, la postura ante el desafío independentista en Cataluña provocó tensiones en las últimas semanas en el partido izquierdista español Podemos y su sección catalana, Podem, que desembocaron ayer en la dimisión del líder de esta última, Albano Dante Fachin.