El gobierno de Daniel Ortega ha recrudecido su estrategia autoritaria y la persecución de la disidencia en los últimos años, hasta el punto de prácticamente “fusionar” las instituciones del Estado con los intereses de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para instaurar “una maquinaria unificada de represión” con efectos dentro y fuera del país centroamericano, según un informe divulgado ayer por la ONU.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha acusado a Ortega y a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, de “afianzar progresivamente” el “control total”, sirviéndose incluso de una extensa red de vigilancia responsable de denunciar en última instancia cualquier desviación de la línea oficial del régimen.
Para estos expertos, el golpe definitivo al Estado de derecho ha sido la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero y que puso “de facto” todos los poderes del Estado al servicio de la Presidencia, a la que corresponde la tarea última de coordinación. El gobierno controla, además, “un vasto aparato de actores estatales”, entre ellos las fuerzas de seguridad y el ejército.
La deriva antidemocrática se agudizó tras las protestas de 2018, que dejó más de 300 muertos, y se ha traducido en detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad. Los expertos tienen constancia de más de 450 retiradas de la ciudadanía a personas percibidas como opositoras.
El informe viene a confirmar patrones que podrían ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos. (Europa Press / Madrid).