EFE

Caracas / Washington

Después de cuatro meses de manifestaciones que han dejado más de un centenar de muertos, la oposición venezolana abandonó su declaración de rebeldía frente a las instituciones del Estado al anunciar ayer que se inscribirá en las elecciones a gobernadores previstas para el 10 de diciembre.
Ayer, fecha límite del Consejo Nacional Electoral (CNE)- señalado de servir al gobierno- para inscribir a los candidatos a las 23 gobernaciones del país, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) retornó a la senda institucional, pese a las enormes dudas que ha manifestado sobre la transparencia de los últimos comicios celebrados en Venezuela.
Hasta hace unas semanas lo opositores habían llamado a sus partidarios a las calles prometiendo el “no retorno” hasta lograr el cambio de gobierno, con intensas jornadas de protestas que dejaron además a miles de detenidos.
La decisión de ayer revive el acuerdo que propuso el gobierno hace un año en las mesas de diálogo: elecciones regionales, que los opositores rechazaron por considerar insuficientes.
Según el documento de la oposición, este paso de inscribir candidatos para las regionales va acompañado “por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, la presión internacional y el resto de las herramientas de la política”, pues el objetivo de la MUD sigue siendo lograr el cambio de gobierno.
Sin embargo, la capacidad opositora de movilización tras más de 120 días de manifestaciones casi ininterrumpidas se vio mermada este martes con un llamado al cierre de calles, que llaman “trancazo” y que no tuvo la acogida de bloqueos anteriores.
El camino hacia los comicios lleva a cuesta una prohibición a la MUD de postular candidatos en al menos siete estados, donde fueron bloqueados con medidas cautelares por una investigación promovida hace casi un año por chavistas y de la que los tribunales no se han pronunciado.
Para estas elecciones, además, avanzarán con sus principales figuras encarceladas, inhabilitadas o con procesos abiertos que pueden sacarlos de la campaña, y tras la instalación de una Comisión de la Verdad plenipotenciaria, que se ha comprometido a establecer la responsabilidad de los opositores por la violencia en las protestas de los últimos meses.
No obstante, se medirán en uno de los momentos más impopulares del gobierno de Nicolás Maduro y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
La última elección en la que se midieron ambas fuerzas, resultó en una victoria contundente de los opositores, que se quedaron con 112 de los 167 escaños del Parlamento.
Por otro lado, el gobierno estadunidense anunció ayer otra lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que considera “ilegítima”.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin recalcó que Estados Unidos respaldará a los venezolanos “en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera”.
Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EU y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Washington incluyera en su “lista negra” internacional al presidente Nicolás Maduro.