Redacción / Europa Press

El Salvador / Madrid

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó ayer la prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según alega el estadunidense de Trump, son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y permanecen retenidos desde su expulsión de Estados Unidos.
El viaje de Noem a la megaprisión de Bukele —donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir— se produce mientras el gobierno estadunidense busca demostrar que está deportando a personas que describe como “lo peor de lo peor”.
El gobierno de Estados Unidos argumenta ante un tribunal federal que el envío de venezolanos a El Salvador era justificado, mientras que los defensores de derechos humanos afirman que las autoridades los han enviado a una prisión plagada de abusos a los derechos humanos, según información de Associated Press.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló ayer en la red social X que continuaría trabajando con El Salvador, asegurando que Noem tenía previsto discutir la manera en que Estados Unidos puede “aumentar el número de vuelos de deportación y las expulsiones de criminales violentos de Estados Unidos” durante su visita con el presidente Nayib Bukele.
Desde que asumió el cargo, Noem ha liderado con frecuencia los esfuerzos para destacar la represión de la inmigración. Participó en operaciones de control migratorio, montó a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva advirtiendo a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia que se autodeporten.
La visita de Noem ayer forma parte de un viaje de tres días. También viajará a Colombia y México.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha denunciado que la expulsión indiscriminada de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador representa un “desprecio manifiesto” hacia las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos y un “avance peligroso” en las “prácticas autoritarias” de la Administración de Donald Trump.
Las autoridades estadunidenses completaron el traslado a pesar de la orden judicial que reclamó su paralización y que ahora ha derivado en críticas frontales de Trump contra el juez. El inquilino de la Casa Blanca “ignoró” a un juez federal y ahora pide su destitución, ha lamentado la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.
El gobierno de Estados Unidos justificó la expulsión masiva alegando que se trataba de miembros del grupo criminal Tren de Aragua, pese a que las investigaciones posteriores han puesto en duda esta vinculación en al menos parte de los casos. Amnistía ha apuntado “fueron clasificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su relación con el estado venezolano de Aragua, sin más pruebas”.(Con información de Agencias).