Europa Press Madrid La conservadora Laura Fernández fue investida ayer presidenta de Costa Rica en un acto celebrado en la capital del país, San José, donde prestó juramento al cargo por un período de cuatro años, tras ganar cómodamente las elecciones a principios de febrero con más del 48 por ciento de los votos. “Soy … Continúa leyendo La ultraconservadora Laura Fernández toma protesta como presidenta de Costa Rica
Mayo 09, 2026
Europa Press
Madrid
La conservadora Laura Fernández fue investida ayer presidenta de Costa Rica en un acto celebrado en la capital del país, San José, donde prestó juramento al cargo por un período de cuatro años, tras ganar cómodamente las elecciones a principios de febrero con más del 48 por ciento de los votos.
“Soy la heredera de ese cambio. Heredera de una convicción que se resume en no aflojar. Mi promesa no es sólo administrar la herencia, sino multiplicarla y llevar a cada rincón de Costa Rica”, declaró la que fuera ministra de Presidencia de su predecesor, Rodrigo Chaves.
La mandataria prometió inaugurar “muy pronto” una “megacárcel”, así como un centro de vigilancia policial, asegurando que será “uno de los más modernos del mundo”, en línea con otros líderes de la zona, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
“Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, advirtió durante su discurso, tras prestar juramento al cargo, ante más de 27mil personas congregadas en el Estadio Nacional de la ciudad costarricense, según recoge la emisora Monumental.
En esta línea, Fernández señaló que a la clase política “le toca rendirle cuentas al pueblo de sus acciones pero también de sus omisiones” y apuntó a una reforma del sistema judicial alegando que es “fundamental recuperar la confianza en la justicia”. “Costa Rica no puede, compatriotas, normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen”, agregó, antes de pasar a leer los nombres de su gabinete.
Entre ellos figura precisamente el expresidente Chaves, al que nombró como ministro de la Presidencia y de Hacienda, lo que implica que, más allá de asumir un puesto estratégico, que conserva su inmunidad, mientras sigue investigado por corrupción.